Laurence Golborne
Ministro de Minería
El proyecto de modificación del Impuesto Específico a la Minería (IEM), recientemente rechazado en el Congreso, cumplía con varios objetivos. El principal era generar recursos en los próximos tres años por US$ 1.000 millones, US$ 700 millones de ellos para abordar la emergencia del terremoto y US$ 300 millones que se asignarían directamente a regiones. También era una oportunidad para aumentar los tributos que paga la minería en Chile de manera permanente, mejorando así la estructura tributaria de este sector. Y hablamos de mejorar la estructura, porque la minería sí paga impuestos: este año se espera que la gran minería privada aporte aproximadamente US$ 6.000 millones.
La propuesta del Gobierno, que generó una polémica injustificada, planteó un concepto de IEM que se basa en el aprobado el año 2005 por la Concertación, que fijó la tasa en 4% y otorgó 12 años de invariabilidad, esto es hasta el 2017. Nuestro proyecto introducía una tasa variable de IEM que partía en el mismo 4% y llegaba a 9%, dependiendo del margen de cada empresa, pero otorgando sólo ocho años de invariabilidad. Con estas modificaciones, el país pasaba a ser más socio de la industria, ya que se beneficiaría con precios altos de los minerales al recaudarse más impuesto específico.
Un punto muy discutido fue la invariabilidad. ¿Por qué sencillamente no se subían los impuestos? La explicación está en que las empresas extranjeras firman contratos con el Estado al venir a invertir a Chile, lo que les da invariabilidad tributaria por 15 años. El motivo: tener reglas del juego conocidas, lo que atrae inversión extranjera y beneficia al país. La contrapartida es que cualquier nuevo impuesto no afecta a quienes tengan estos contratos firmados.
La invariabilidad era fundamental en nuestra propuesta, tal como lo fue en el proyecto de la Concertación en 2005, pues había que ofrecer algo a cambio de la modificación voluntaria de estos contratos de inversión extranjera. Y aunque esto congeló las tasas de impuesto por varios años, seamos claros: el ex Presidente Lagos no hipotecó por ello el futuro del país ni regaló sus recursos mineros. Nuestro proyecto, sobre la misma lógica, tampoco lo hacía. En efecto, para subir la recaudación de impuestos, era indispensable ofrecer nuevas condiciones de invariabilidad siendo nuestra oferta más ventajosa para el país, en comparación a la que la Concertación otorgó en su minuto.
Como se mencionó, los nuevos proyectos sujetos a contratos de inversión extranjera tienen 15 años de invariabilidad desde que inician su explotación. En consecuencia, un inversionista que firme contrato con el Estado el año 2017 y que demore cinco años en empezar a producir, no tendrá ningún alza de impuestos antes del año 2037. Bajo nuestra propuesta, toda inversión que ingresara al país comenzaría pagando según las nuevas tasas variables.
Mucho se discutió respecto de cómo se debía definir el IEM, si se debía aplicar al margen operacional (cómo se hace hoy) o si debía ser un impuesto a la venta, lo que algunos llaman "un verdadero royalty".
Pero no perdamos el foco, el nombre del tributo o la forma del cálculo no es lo más importante, sino que tengamos un pago justo por parte de la minería. Una buena estructura tributaria cumple dos objetivos: recauda impuestos para el país, y no desalienta la actividad minera. La propuesta del Gobierno cumplía con ambos.
¿Qué consecuencias tiene el rechazo a la propuesta del Ejecutivo? Perdimos una oportunidad no sólo de lograr recursos frescos para la reconstrucción, sino también de mejorar nuestra tributación minera y cambiarla por una más justa, que impulsa y fomenta la inversión y que da estabilidad al sector en el largo plazo. Se desperdició la oportunidad de que la minería contribuyera con mayores impuestos en un período con precios del cobre históricamente altos. Por lo mismo, el sector minero seguirá con la misma tributación del año 2005 y la minería no aportará ni hoy ni en los próximos años con impuestos adicionales para el Estado. Esto no es un triunfo para nadie, sólo una derrota para el país y sus necesidades.
Como dijera un canciller alemán, "La política es el arte de lo posible". A nuestro juicio era posible lograr un acuerdo beneficioso para el país y, en este caso, desperdiciamos la disposición de distintos actores políticos a revisar la actual estructura tributaria. Esperemos que con tiempo y voluntad sea posible alcanzarlo.
Saludos,
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