Libertad de información, imagen y verdad
Francisco Cumplido Cerda
En atención a los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país, me ha parecido interesante transmitir a los lectores algunas reflexiones sobre la materia del epígrafe.
Los abogados sabemos que hay tres aspectos relacionados con la verdad de los hechos: lo que efectivamente ocurrió, lo que se dice al respecto y lo que se prueba. La libertad y el derecho a la información están vinculados al segundo aspecto; es decir, con lo que se dice sobre lo ocurrido. Hoy la imagen es más fuerte que la verdad. La imagen se constituye primordialmente con lo que en el ejercicio de la libertad de informar los diarios, revistas, películas, radio, televisión, transmisiones por internet y otros medios tecnológicos nos dicen sobre las personas y los hechos acaecidos. La opinión pública se forma una imagen que considera que es la verdad. Así, juzga a las personas antes que se pruebe ante un tribunal u otra autoridad la verdad de lo ocurrido, y las declara culpables o inocentes. Si ante la justicia una persona es inocente hasta que por sentencia definitiva se la declare culpable, los medios de información tienen el deber jurídico y moral de presentar los hechos objetivamente, respetando la presunción de inocencia. La misma exigencia ética rige la información sobre otros hechos, particularmente los de relevancia política, religiosa, científica, social y cultural. Esta obligación no obsta a la opinión editorial, propia de la libertad, siempre que se distinga de la información de hechos.
Lamentablemente, a diario estamos comprobando el no respeto de estas normas jurídicas y morales. En efecto, por vía ejemplar, un detenido o procesado es mostrado reiteradamente por la televisión con la imagen anterior de su detención, formalización o procesamiento, en todas las oportunidades del juicio, generalmente sin siquiera advertir al televidente de que se trata de imágenes de archivo. Cuando recién ocurren los hechos, se da gran publicidad por los medios, tanto escritos como radiales, televisivos, etcétera. Si la persona es declarada inocente, absuelta, etcétera, salvo honrosas excepciones, aparece una pequeña información... ya no es noticia. Se ha llegado a tales extremos en la televisión, que también hay "letra chica" en información complementaria, como ocurre en algunos concursos respecto de las bases o del cumplimiento de exigencias legales, que se exhibe a una velocidad o tiempo imposible de leer. Es una burla.
Las reiteraciones de hechos ocurridos, sin advertencia al público, son además usadas para formar opinión pública sobre asuntos políticos, sociales, económicos y culturales. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la información sobre el Transantiago, proyecto necesario pero mal diseñado, y en sus inicios deficientemente ejecutado. Se siguen mostrando las imágenes de la situación inicial para reforzar entrevistas a personas preferentemente disconformes, a pesar de los avances efectivos para corregir las deficiencias.
Los profesionales de la política, algunos senadores, diputados, ministros de Estado, alcaldes, entre otros, conocen muy bien el valor de la imagen y están prontos a ir a los focos de la televisión, el "efecto polilla", para decir o hacer actos rimbombantes a cualquier precio, muchas veces desvirtuando las instituciones constitucionales, como ha ocurrido con la citación a ministros de Estado por parte de la Cámara de Diputados, en la que interesa más plantear argumentaciones anteriores y posteriores a las preguntas, muchas de las cuales no son pertinentes, para crear una imagen, preferentemente televisiva, con una manifiesta desviación de poder. Es política de menor cuantía, muy peligrosa.
¿No sería más conveniente cambiar el sistema de gobierno por uno semipresidencial, que permite fiscalizar, pero con censura constructiva?
Las declaraciones del general Santelices, publicadas por este diario, deben hacernos meditar. Él alude a personas que ocupan o han ocupado cargos durante los gobiernos de la Concertación que tuvieron responsabilidad en lo ocurrido en el quiebre constitucional del 11 de septiembre de 1973. Todos los que teníamos cargos políticos somos responsables en mayor o menor grado. Es faltar a la verdad descontextualizar los hechos y atribuir responsabilidades sin asumir la que corresponde. Los que hemos luchado siempre en defensa de los derechos humanos no compartimos las violaciones a esos derechos, pero a todos los derechos, sin distinciones, uno de los cuales es la presunción de inocencia y otro, primordial, el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, la integridad física, psíquica, etcétera.
La libertad de información, como la democracia, hay que cuidarla. Los chilenos tenemos la convicción de que todo lo podemos solucionar con leyes; la legalidad está muy arraigada en nuestra conciencia, lo que está muy bien, pero las leyes por sí solas no pueden resolver todos los problemas. Hay que atacar las causas, prevenir primero, antes que sancionar, en todos los aspectos, incluida la libertad de información.
En Sudamérica y en el mundo hay cambios que nos preocupan a los demócratas.
Hagamos una autocrítica sincera, rectifiquemos, evitemos que por ley se nos llegue a restringir la libertad, en una civilización tecnocrónica, en un mundo globalizado, en que un tercio de la humanidad se muere de hambre, sin paz y con poca solidaridad.
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