Pablo Obregón Castro Los últimos días de la administración Bachelet estuvieron marcados por millonarios traspasos de dineros desde el Estado a organizaciones de la sociedad civil.
Este tipo de transferencias es una práctica tan vieja como el propio Estado. Sin embargo, recién en agosto de 2003 el Gobierno de Ricardo Lagos promulgó una ley -la 19.862- que obligó a las instituciones de la administración central a llevar un registro de las entidades a las que proveen dineros sin contraprestación (ver recuadro).
Estos registros públicos son los que permitieron a la administración entrante constatar cómo estos giros se incrementaron de manera explosiva durante los últimos meses del Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de este año, la Subsecretaría de Hacienda registró traspasos a privados del orden de $3.106 millones, cifra que contrasta con los $489 millones que se transfirieron en el mismo período de 2009.
Las nuevas autoridades están revisando acuciosamente las cifras pero, desde ya, advierten que el volumen de donaciones cuadruplican los traspasos habituales.
Consultada sobre este explosivo aumento, la ex subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, aclaró que la tarea de esa repartición se limita a administrar un sitio con la información de las transferencias que efectúan otras instituciones del Estado, pero no las autoriza, no decide los volúmenes ni a los destinatarios.
La Subsecretaría de Hacienda opera como el vehículo a través del cual la Presidencia canaliza estos aportes.
La ex asesora de la Presidencia en materias de subvenciones y sociedad civil, Paula Narváez, confirma que estos recursos corresponden a un apartado que descansa en el Ministerio de Hacienda -y que a su juicio rara vez supera los $2.400 millones anuales-, pero que efectivamente son platas que han estado ligadas históricamente a la voluntad y a la figura del Presidente.
Hay otro antecedente que resulta clave para entender por qué los volúmenes transferidos pueden diferir tanto entre un período y otro: la Ley de Presupuestos permite al gobierno excederse en los montos, incluso, sin necesidad de Decretos, sancionándose posteriormente los excesos.
Es así como el 2 de febrero de 2010, el Gobierno publicó una transferencia de $1.000 millones para la Fundación Festival Internacional Santiago a Mil, cifra que es equivalente a la mitad de todos los dineros que el Estado le donó a esta entidad en cuatro años: $2.320 millones.
Otras fuentes
Así como la Presidencia tiene atribuciones para destinar dineros a la sociedad civil a través de la Subsecretaría de Hacienda, los ministerios pueden hacerlo directamente. La Subsecretaría de Interior, por ejemplo, administra dineros que le permiten financiar actividades y proyectos presentados por juntas de vecinos, organizaciones evangélicas, feministas, indígenas y de adultos mayores, entre otras. La Subsecretaría del Trabajo, en tanto, dispone del Fondo de Diálogo Social, mecanismo que le permite apoyar actividades sindicales y fomentar la negociación colectiva.
Con cargo a estos fondos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) recibió $221 millones en cuatro años destinados a fomentar la sindicalización. Mientras, la Fundación Justicia y Democracia que lidera el ex Presidente Patricio Aylwin captó $188 millones. En este último caso, gran parte de esos recursos se gastaron en la organización del Foro Biarritz, que es una instancia que reúne a líderes políticos y gremiales.
Fondos acotados
La Subsecretaría de Interior administra el Fondo Social que, por estos días, es acuciosamente revisado por la administración entrante.
Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de este año, Interior transfirió más de $1.500 millones con cargo a este fondo -de un total anual de $4.600 millones-, mientras que en el mismo lapso de 2009, giró sólo $109 millones.
Según el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, este aumento se debe a una definición previa, que apuntaba a concentrar los traspasos en los primeros meses del año para que las organizaciones beneficiarias alcanzaran a ejecutar sus proyectos dentro del correspondiente año. A la vez, desvirtuó la tesis de que este acelerado traspaso de fondos responda a un intento del gobierno saliente por garantizar el funcionamiento de las entidades afines.
Como contraparte, el actual subsecretario, Rodrigo Ubilla, cuestiona que en poco más de dos meses se haya ejecutado el 25% de todo el Fondo Social de 2010. Pero más importante que eso -dice- es que la mayoría de los proyectos están sin rendición de gastos: "No es normal el volumen de transferencias. Estamos revisando los parámetros con que se aprobaron los proyectos y la concentración en algunas comunidades".
$17 mil millones sin rendición de gastos ha identificado la administración entrante. Corresponden a proyectos financiados a través del Fondo Social del Ministerio del Interior.
El caso del Ceduc y las platas de la Democracia Cristiana Los gobiernos de turno tienen espacio para excederse en materia de giros hacia el sector privado. Sin embargo, hay episodios recientes que sirven para cuestionar, al menos, la efectividad de los mecanismos de control. Uno de los casos más recordados ocurrió entre 2001 y 2002, cuando a través de la Fundación Ceduc se habrían desviado recursos a la campaña parlamentaria de María Rozas (DC).
En 2003 emanó un primer informe de la Contraloría sobre el uso y destino de los fondos transferidos por las subsecretarías del Interior, dirigida entonces por Jorge Correa Sutil, y del Trabajo, a cargo de Yerko Ljubetic, ambos de la DC. Durante ese período se transfirieron $298 millones para desarrollar proyectos destinados a absorber la cesantía con cargo al Fondo Social que administraba Interior. En su informe, la Contraloría hizo ver que los recursos no se destinaron a su fin original, sino a pagar trabajos de imprenta realizados por empresas de varios militantes del partido.
ONGs postulan sin contraprestación Es efectivo que los Gobiernos están facultados para donar dineros a organizaciones afines sin que haya una contraprestación de por medio, como podría ser una consultoría o un trabajo académico que tenga alguna utilidad pública. El único requisito para hacerse acreedor de estos fondos es estar inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y no tener fines de lucro.
Sin embargo, una de las obligaciones que sí deben cumplir los beneficiarios es rendir los gastos. De hecho, en la página web donde se publican los proyectos financiados existe un apartado para detallar la rendición de las platas. Sin embargo, fuentes de Interior que están dedicadas a revisar la gestión de estos recursos aseguraron a "El Mercurio" que, en estos 22 días de trabajo, ya han identificado proyectos equivalentes a $17 mil millones sin rendición de gastos. La mayoría de ellos corresponde a iniciativas que ya se efectuaron con cargo al Fondo Social de la Subsecretaría y un porcentaje menor a trabajos que, supuestamente, todavía están en ejecución.
La idea del desarrollo de las sociedades que predomina en la actualidad ha cambiado sustancialmente con lo que era hace apenas una década. De la preocupación exclusiva por el aprovechamiento de las ventajas estáticas, comparativas de los países o territorios, se ha pasado a enfatizar la importancia de la capacidad que demuestran los agentes económicos para relacionarse y coordinarse con el fin de agregar valor a su desempeño individual. Es lo que se conoce como ventajas competitivas, en el marco de un desarrollo endógeno a espacios territoriales específicos, que actúan desde la lógica de redes físicas y digitales.
