Temas como las demandas contra el Estado por negligencia en el caso La Polar de parte de la SVS, Sbif, Sernac y Banco Central, y las acciones legales contra las corredoras de bolsa y clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Chile, serán la tónica en las próximas semanas. Aunque el Ministerio Público ha identificado a 10 ex ejecutivos de La Polar para formalizarlos –tres están en prisión preventiva–, y la Superintendencia de Valores y Seguros multó con casi US$6 millones a 22 ex directores y ex gerentes de la cuestionada multitienda, además de la auditora externa PwC y su socio Luis Alejandro Joignant, son varios los cabos sueltos que permanecen en el caso, tomando en cuenta que no eran ocultas la "insanidad financiera" de la firma, ni las prácticas irregulares con la cartera de créditos.
El Estado y la empresa
Sobre la base de graves faltas al servicio, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), la Superintendencia de Pensiones (SP), el Sernac y el Banco Central, arriesgan eventuales demandas civiles en su contra.
Son varios los accionistas minoritarios que evalúan acusar civilmente al Estado, dado que los mencionados servicios no habrían cumplido su rol de fiscalización respecto al caso La Polar, que comenzó con el proceso de repactaciones unilaterales en el año 2000.
De hecho, a la fecha, algunos de ellos se encuentran preparando pericias para generar certezas que con la información pública ya existente en períodos previos al estadillo del escándalo financiero de La Polar, se podía anticipar la existencia de irregularidades en el caso.
Entre los representantes de accionistas minoritarios que estudian dichas medidas, están –entre otros– los juristas Mario Schilling, Bárbara Salinas y Andrés Sepúlveda, este último por medio del estudio G&S abogados.
Incluso, en la Contraloría evalúan un oficio que pide la inhabilidad en el caso del superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, por tener acciones de La Polar. Y de verificarse, podría resultar responsable el Estado de contratar a personas no idóneas para el cargo.
Asimismo, otro grupo de accionistas minoritarios liderados por Sepúlveda, tiene en la mira exigir indemnizaciones a la misma empresa La Polar. ¿La razón? Básicamente por la negligencia de la información que la compañía, en el proceso de renegociaciones ilegales, proporcionó al mercado en general. Aunque evaluarían si después del aumento de capital –por unos US$240 millones–, el patrimonio del retailer será suficiente para obtener indemnizaciones.
Corredoras, clasificadoras y bancos
A juicio de los abogados que siguen de cerca el caso, el Ministerio Público sí está investigando a fondo a las clasificadoras de riesgo y a las corredoras de bolsa. La mejor prueba de ello es la separación de la indagación de la arista de la auditora externa PwC, para abocarse a cada uno de los flancos de manera específica. Por lo que se da como un hecho que serán objeto de demandas civiles.
Es más, Salinas afirma que hay los suficientes antecedentes de corredoras de bolsa que se desprendieron de sus portafolios propios antes que estallara el caso La Polar, mientras seguían recomendando las acciones de la compañía a los inversionistas, que posteriormente resultaron seriamente afectados.
La Fiscalía Centro Norte está indagando, según Schilling, si las corredoras se enriquecieron a costa de los inversionistas, de sus clientes, vendiendo cuando se inició la debacle induciendo a que compraran los títulos. Si tal cosa logra ser demostrada, habría responsabilidad penal y la SVS, por su parte, podría activar un proceso sin mayores problemas, cosa que la misma entidad ha dicho estudiar.
Así las cosas, existiría negligencia o mala recomendación por parte de las corredoras de bolsa en el tema La Polar, las cuales fueron seguidas por sus clientes. No pocos aseguran que van a tener que dar una explicación muy racional al Ministerio Público por su actuación, pues eventualmente se está hablando de uso de información privilegiada y entrega de datos falsos al mercado.
Asimismo, en mayo próximo aparecerían las sanciones de la SVS contra Feller Rate y Fitch Chile por su presunta responsabilidad en relación a la labor de clasificación de riesgo realizada por ambas entidades, tanto a los valores de oferta pública emitidos por La Polar –a cuya colocación concurrieron las AFP–, como a los bonos securitizados del Bci, durante el período comprendido entre los años 2008 a junio de 2011.
Las clasificadoras de riesgo, si bien es cierto trabajan sobre la base de los datos auditados externamente, tienen que solicitar antecedentes adicionales para dar los rankings a la compañía, como es el caso del plan de negocios, y así compararla con las otras firmas del sector. En esta tarea, no notaron que existía en La Polar un comportamiento de morosidad mejor que en las demás empresas del rubro, siendo que su segmento objetivo contaba con menor capacidad de pago.
Las dos clasificadoras de riesgo de La Polar, aparte de peligrar en la esfera penal, serán objeto de demandas civiles, donde los accionistas de la empresa solicitarán las respectivas indemnizaciones.
También los bancos que entregaron créditos a La Polar –y que pudieron haber sabido de la insolvencia de la empresa, ya que había impagos relevantes para agosto de 2010–, han estado bajo la mira de las autoridades. Al momento, no se han conocido los avances de esta indagación.
Factor PwC
En el caso de PwC –y su socio Luis Alejandro Joignant–, a quien la SVS no le suspendiera la autorización de funcionamiento como auditora externa, aun cuando le atribuye negligencias claves en la formulación de cargos, existe una alta probabilidad de que sea demandada civilmente por los accionistas de la empresa.
En todo caso, Salinas advierte que la SVS podría reevaluar quitar la autorización de funcionamiento de PwC, dependiendo del grado de formalización que se le haga a su socio Luis Alejandro Joignant, en la arista del caso que sigue el Ministerio Público.
Igualmente, la ex auditora de La Polar, Ernst & Young –quien auditó sus balances antes del 2007–, no es descartable que pueda ser investigada, y que los ex directores del retailer –que recibieron bajas multas por parte de la SVS– sean formalizados por la Fiscalía Centro Norte.
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