A continuación se entregan los principales temas necesarios para comprender las instituciones y los conceptos de nuestra vida en sociedad.
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La democracia
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El matrimonio civil, según nuestro Código Civil, "es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente" (art.102).
En Chile, el matrimonio es el único medio legal para fundar una familia.
Los hombres y mujeres que hayan cumplido 18 años (mayoría de edad), no están obligados a obtener el consentimiento de ninguna persona para contraer matrimonio.
Los novios pueden casarse por la Iglesia, según sea su religión. Sin embargo, sólo tiene validez legal el matrimonio civil.
Características
Las características del matrimonio son:
Ver la Ley del Registro Civil (Texto en PDF, tamaño: 76 Kb.)
Requisitos e impedimentos
Los requisitos fundamentales para contraer matrimonio en Chile, así como sus impedimentos, están determinados en el Código Civil.
Los principales requisitos son:
Algunos impedimentos para casarse son:
Derechos y deberes
"Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos", dice el artículo 131 del Código Civil. Si bien nuestra legislación contempla algunas diferencias en cómo se ejercen los derechos y deberes del esposo y la esposa, como por ejemplo lo relativo a régimen patrimonial, tienen en su origen los mismos derechos como el de fidelidad mutua, ayuda, respeto y protección recíproca. Cuando algunos de los cónyuges trasgreden los derechos del otro, existen normas e instancias que permiten defender su dignidad. Por ejemplo, cuando existe agresión física o psicológica, la persona agredida tiene derecho de hacer la denuncia en Carabineros o la Comisaría de la Familia, quien deriva el caso al tribunal de justicia correspondiente.
La filiación
La filiación es el grado de parentesco o relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es madre o padre de la otra. El origen de la palabra filiación viene del latin "filus" que quiere decir "hijos". Durante mucho tiempo en nuestro ordenamiento jurídico, se consideraron varios tipos de filiación, a saber: legítima, ilegítima, natural y adoptiva, y dentro de esta última, simple o plena. Sin embargo, desde octubre de 1999 rige en nuestro país una nueva legislación relativa a la filiación y adopción, la Ley N° 19.585 y la Ley N° 19.620, respectivamente. Ambas se complementan otorgando igualdad de derechos para los hijos, sean biológicos o adoptivos. La Ley de Filiación considera, entre otras cosas, que ésta puede ser matrimonial o no y consagra el principio de la libre investigación de la paternidad y de la maternidad utilizando pruebas de ADN. Por su parte, la Ley de Adopciones plantea que la adopción es una y que pueden acceder a ella no sólo los matrimonios chilenos y extranjeros residentes en Chile sino también personas solteras y viudas.
Ver la Ley N° 19.585, sobre filiación (Texto en PDF. Tamaño: 152 Kb.)
Ver Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensión Alimenticia (Texto en PDF. Tamaño: 52 Kb.)
Ver la Ley N° 19.620, sobre adopción (Texto en PDF. Tamaño: 81 Kb.)
Regímenes patrimoniales
Los regímenes patrimoniales son sistemas que regulan las relaciones económicas al interior del matrimonio. Y cuando un hombre y una mujer se casan ante el oficial del Registro Civil, los novios deben optar libre y voluntariamente a cuál sistema de administración de bienes se acogen.
En Chile existen tres sistemas patrimoniales, los cuales se distinguen por la forma en que se administran los bienes y por cómo se protege a los esposos en situaciones de deuda. El primero de estos regímenes se crea con el Código Civil en 1855 y es la sociedad conyugal, el segundo se crea en 1934 y es el llamado separación de bienes y el último aparece en 1994 y se denomina participación de los gananciales.
Los cónyuges estando casados, por distintas razones, pueden pasar de la sociedad conyugal a la de separación de bienes o a la participación de gananciales pero no a la inversa. En tanto, sí pueden cambiar de separación de bienes a participación de gananciales y viceversa. Todos los posibles cambios son a cuenta de los interesados, tanto en escrituras como abogados.
Algunas características de los regímenes patrimoniales:
Régimen de sociedad conyugal: El marido pasa a ser el jefe de la sociedad y es el único que puede administrar los bienes que la integran. Para cualquier operación relativa a los bienes conyugales, necesita de la autorización de la mujer. Son parte del matrimonio los bienes adquiridos durante y antes de contraer el vínculo. Si se termina el matrimonio, se liquidan los bienes quedando cada uno con la mitad.
Régimen de separación de bienes: Hombre y mujer son independientes para administrar sus bienes. El patrimonio de cada cónyuge queda protegido en caso de que uno tenga problemas con acreedores. En caso de fallecimiento cualquiera puede dejar a través de un testamento una mejora en la situación del cónyuge sobreviviente.
Régimen de participación de los gananciales: Durante su vigencia se considera separación de bienes pero para ser aval uno de ellos necesita de la autorización del otro. Al momento de optar por este sistema los esposos deben redactar un inventario de los bienes; también deben hacerlo en caso de liquidar la sociedad, repartiendo en forma equitativa las ganancias o bienes adquiridos.
Ver la Ley N° 19.335, sobre régimen de participación en los gananciales (Texto en PDF. Tamaño: 69 Kb.)
El divorcio
En Chile el divorcio está regido por la Ley N° 19.947, nueva Ley de Matrimonio Civil, publicada en mayo de 2004. Según esta norma, el divorcio puede solicitarse cuando exista violación grave de los deberes y obligaciones del matrimonio, que tornen intolerable la vida en común (por ejemplo: atentados contra la vida, maltrato psíquico contre el cónyuge o los hijos, o conducta homosexual) o cuando exista separación de los cónyuges, de tres años o cuando la pareja ha estado separada por un tiempo mínimo de entre uno y tres años, dependiendo de si el divorcio es pedido por ambas partes o por un solo cónyuge.
En el caso del divorcio solicitado por separación, los Tribunales de Familia deberán iniciar un procedimiento, llevado por un juez, llamado "audiencia de conciliación", sea para reunir a la pareja o para que ambas partes lleguen al mejor acuerdo posible en lo relativo, por ejemplo, a la tuición de los hijos, pensiones alimenticias y régimen de visitas. De no resultar esta vía, la pareja puede someterse a un proceso de mediación en el que una tercera persona, imparcial y sin poder de decisión, trabaja para que las partes logren un acuerdo satisfactorio para todos.
Ver la Ley N° 19.947, nueva ley de matrimonio civil (Texto en PDF. Tamaño: 135 Kb.)
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¿Qué es ético para usted?
Por Carlos Bianchi, senador por la Región de Magallanes
Senador Carlos Bianchi, Región de Magallanes
¿Qué pensará un jubilado que recibe mes a mes su pensión Anti- ética de $ 70.000, $90.000, o menos de lo éticamente razonable?
¿Qué pensará un funcionario de la administración pública que lleva más de 5, 10, o más años en una total desprotección social, con inestabilidad laboral por estar en la figura de a contrata, o a honorarios? ¿Será ético, digno, estar con un total daño previsional?
¿Es ético que el propio Estado, a través de los Municipios, haya creado programas de empleo, que sin duda tienen como principal objetivo mantener indicadores para una baja tasa en el desempleo y no cuentan con previsión, no cuentan con derechos esenciales como vacaciones, protección en la salud?
¿Es ético cuando se llama a postulaciones públicas y estos cargos ya tienen nombre y apellido, en desmedro de profesionales con los méritos suficientes como para alcanzarlos, pero sin los "contactos" que éstos necesitan?
No puedo dejar de mencionar la condición laboral de muchos de los trabajadores, mujeres y hombres, que por años han entregado sus mejores esfuerzos en el propio "Congreso", sin tener la justa y anhelada estabilidad laboral que cualquier persona requiere.
Sí, aquí en el propio Congreso donde debatimos proyectos, leyes, donde estamos legislando para las personas de nuestro país, no hemos sido capaces de reparar en lo que éticamente corresponde, tener a TODO el personal con "contratos de trabajo", y no en figuras abusivas de contrata y/o honorarios.
¡Habrá algo menos ético que lo descrito!
Una cosa es querer y otra muy distinta es poder. ¿Podemos calificar de "NO ÉTICO" a un pequeño emprendedor al que le es imposible cancelar un mayor sueldo? Distinto es una empresa con millonarios niveles de facturación y utilidades, que SÍ pueden cancelar un mayor sueldo y NO lo hacen. Es en este último caso donde creo todos coincidimos en que lo ético y lo moral, es poder tener en las mejores condiciones posibles a nuestros trabajadores; pero hay grandes empresas que tienen "cero" voluntad para mejorar las condiciones laborales de su recurso humano.
Ejemplos hay muchos, de un lado y del otro y el Estado, que tiene tejado de vidrio, no puede desentenderse de un debate donde el peor ejemplo lo esta dando el "propio Estado".
Semanas atrás manifesté que si queríamos premiar a los funcionarios públicos una de las mejores maneras de hacerlo era con un CONTRATO DE TRABAJO, mínimo instrumento para garantizar en algo la estabilidad laboral, esto sería lo realmente ético.
Finalmente, creo que hoy más que nunca se hace necesaria la unidad tanto del sector privado como del público en la conquista de derechos, que más allá de lo razonablemente ético son derechos humanos, y en esto la vieja táctica del embudo no sirve, no hay que permitir que de un lado o del otro tomen la parte más ancha; aquí el tema es de todos, las responsabilidades son compartidas, no hay buenos y malos, lo que tiene que haber es simplemente una "real voluntad" por corregir desigualdades que nos lleven lo más cercano que se pueda a lo verdaderamente "ético".
Grado de autonomía del Instituto de DD.HH y quórum que se requiere para su aprobación postergan discusión del proyecto
Durante el debate el senador Alberto Espina pidió que la iniciativa fuera derivada a la Comisión de Constitución, lo que no prosperó, y se solicitó al Presidente del Senado que se pronuncie respecto del quórum necesario para su aprobación.
Senador Andrés Chadwick, integrante de la Comisión de Constitución
Será el Presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien deberá zanjar mañana las discrepancias que existen en torno al quórum que se requiere para aprobar el proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el país, y determinar su grado de autonomía frente a los gobiernos de turno.
DIFERENCIA DE VOTOS
Las discrepancias que existen respecto de los votos que se requieren para aprobar el proyecto -que busca crear un organismo que se dedique a promover y proteger los derechos humanos- no es un tema menor, sobre todo si se toma en cuenta que serían al menos 7 votos más los que se necesitarían si es que se determina que tiene quórum de Ley Orgánica Constitucional. Es decir, 22 votos.
A él se sumaron los senadores García y Espina. Incluso éste último advirtió que habían ciertas atribuciones que se le daban al nuevo Instituto, que iban en contradicción con las facultades exclusivas y excluyentes del Ministerio Público para perseguir hechos delictuales.
El planteamiento del parlamentario fue calificado como una medida dilatoria por los senadores Escalona, Gazmuri, Naranjo, Letelier, Navarro y Ávila, quienes cuestionaron que no se hayan hecho estos reparos durante la discusión del proyecto en las Comisiones de DD.HH y de Hacienda.
Tenemos el deber de brindarles más protección social a los jubilados para que puedan vivir con tranquilidad el resto de sus vidas
Por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente del Senado
Presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz- Tagle
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció esta semana la entrega de un nuevo subsidio para las cuentas del servicio eléctrico. La medida, que favorecerá al 40 por ciento más pobre de la población, consiste en el pago en dos cuotas de 18 mil pesos, una en diciembre y la otra mitad en marzo próximo.
De esta forma, la Mandataria acogió una de las propuestas que formulé hace algunos días al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, con el objetivo de aliviar la situación económica que afecta a los sectores más desposeídos. Se trata de un beneficio similar al que hoy se concede por concepto de agua potable y que reciben de manera directa, sin mayor burocracia, cerca de 640 mil familias chilenas, es decir, alrededor de 2 millones de habitantes.
Acogida esta sugerencia, insto al Gobierno a dar un nuevo paso. Esta vez en favor de los jubilados. Tal como lo expuse en su oportunidad, planteé al ministro Velasco tres medidas para apoyar a este sector. En primer lugar, establecer una tarifa preferencial en los sistemas de transporte público, de manera que cancelen, por ejemplo, un valor similar al que pagan los estudiantes.
En segundo lugar, el envío de un proyecto de ley que permita que aquellos jubilados que tienen que trabajar para complementar sus baja pensión, no le sea considerada en su renta global –para los efectos de pagar impuestos- aquella parte de sus ingresos obtenidos por la jubilación que perciben, tributando sólo por lo que corresponde a lo que efectivamente están recibiendo por el trabajo que efectúan.
Y, en tercer lugar, propuse eliminar la cotización del 7 por ciento de salud que actualmente se rebaja a las personas que reciben pensión. Y es aquí donde quiero hacer un llamado a que avancemos con decisión y audacia. Esta medida forma parte de la reforma previsional, que recientemente fue despachada por la Cámara de Diputados y que la próxima semana comenzará su tramitación en el Senado. Sin embargo, el Gobierno dispuso que esta eliminación debía beneficiar sólo a los jubilados más pobres del país, lo que la derecha rechazó.
Ahora que esta emblemática iniciativa va a iniciar su tramitación en el Senado, y ya que, al parecer, no contaremos con los votos de la oposición, creo que es una buena oportunidad para que la Concertación haga un valioso aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los jubilados aprobando esta medida en los términos en que lo sugerí al Ejecutivo.
Hoy en Chile tenemos más de un millón y medio de pensionados y todos sabemos que ellos cotizaron en salud durante más de treinta o cuarenta años. Para quienes forman parte de ese grupo, ese 7 por ciento que siguen cotizando significa una disminución importante en sus ingresos, los que –como todos sabemos- son en su inmensa mayoría bastante bajos.
En consecuencia, llegó el momento en que el Estado se ponga y sea solidario con esta personas que dieron los mejores años de sus vidas al desarrollo del país, eliminando en su totalidad una carga que les resulta onerosa y que hoy, por lo demás, no se justifica, porque cuentan con el Plan Auge. Entonces, ¿Es justo que sigan cotizando si el Estado ya está haciendo un gran esfuerzo para darles gratuidad en la atención de salud?
No veo mayores inconvenientes. Es una medida que está al alcance del bolsillo del Fisco y haría justicia con uno de los sectores más necesitados de nuestra sociedad, a los que tenemos el deber de brindarle protección social para que puedan vivir con tranquilidad los últimos años de sus vidas.
Esta iniciativa es una aspiración muy sentida y de larga data de los jubilados. Como lo dije hace algunos días, como representantes de la ciudadanía tenemos que ser capaces de interpretar y acoger estas inquietudes y encausarlas a través de propuestas concretas. Este planteamiento apunta a ese objetivo y mi compromiso personal es trabajar por su materialización, al igual como lo hice con el subsidio para las cuentas de la luz y también en mi Gobierno cuando creamos una política nacional para apoyar a los adultos mayores del país.
