Rafael Fuentealba
El ex ministro y ex senador designado Edgardo Boeninger (DC), actual representante para Chile de Transparencia Internacional, tiene una sorprendente marca política: con una diferencia de casi quince años elaboró dos modelos alternativos de elecciones parlamentarias, probablemente perfectos en su diseño doctrinario y matemático, pero que no generaron ningún entusiasmo entre quienes se suponía debían ser sus motores a la hora de impulsarlos en el Congreso: los propios legisladores de la Concertación. Y si éstos no expresaron mayor aprecio por las fórmulas técnicas del ex rector de la Universidad de Chile, entonces qué tipo de compromiso podría esperarse de la derecha, que ha disfrutado los beneficios del binominalismo desde 1989…
Lo cierto es que la voluntad objetiva y explícita de los cuatro gobiernos que ha tenido la Concertación para enmendar la norma de 1989, que asigna dos escaños por cada unidad electoral, pero sin respetar la votación mayoritaria, ha encallado a lo menos en un par de ocasiones con la oposición -implícita y remolona- de los propios parlamentarios oficialistas, que en el nivel discursivo apoyan eliminar lo que es quizás el último enclave político heredado de la dictadura, pero que prefieren no pagar los costos del cambio.
PRIMER ENSAYO
El primer ensayo de Boeninger, entonces a la cabeza de ese cerebro de la administración del ex Presidente Patricio Aylwin que fue la Secretaría General de la Presidencia, se produjo a principios de los años ’90, aunque también peligrosamente cerca de las elecciones legislativas de 1993. El ministro e ingeniero sometió al Congreso una reforma que aumentaba los escaños asignándolos de acuerdo con el método proporcional que rigió en Chile hasta 1973, y que el régimen militar y la derecha han convertido en sinónimo de inestabilidad. El esquema implicaba para los legisladores la redistribución de distritos y circunscripciones.
Uno de ellos se sinceró aquella vez ante los periodistas: representaba una zona rural compuesta por varias comunas y el mapa que Boeninger le ofrecía lo obligaba a competir dentro de pocos meses en la urbanizada capital regional, ciudad donde no tenía operadores propios y el caudillo principal era de un partido aliado, pero también competidor. “Yo esto no lo puedo aprobar, sería dispararme en los pies”, sintetizó, en una declaración por entero desideologizada, pragmatismo y corporativismo puros (por más señas hoy es senador).
Su punto de vista, sin embargo, era dominante en Valparaíso y este clima transversal más bien agrio resultó fundamental en el hecho de que la macro reforma electoral de Boeninger no avanzara nada.
Después, en las administraciones de los ex presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos, la cuestión del sistema binominal se subsumió en la materia mayor de las reformas constitucionales. Lagos, de hecho, quiso establecer una interdependencia entre enmiendas “duras” y sistema electoral, lo que llevó a que durante los años 2003 y 2004 surgiera un conjunto de ideas para permitir la formación de mayorías y la inclusión de la izquierda extraparlamentaria o los independientes (regiones que eligieran tres senadores, senadores nacionales, un senador adicional o un diputado para los marginados, desmontaje gradual del binominalismo, fueron algunos insumos del debate).
Al final, la partida la ganó el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, que era partidario de separar las reformas “duras” del régimen electoral. La derecha estaba dispuesta a quemar los “nudos” autoritarios y la vigilancia militar de la democracia, pero no la fuente de origen de su capacidad de veto legislativo: el binominalismo. Insulza logró convencer a Lagos de que no convenía condicionar ambas cuestiones porque el riesgo era, en buen chileno, quedarse sin pan ni pedazo.
OFERTÓN
No obstante, como Joaquín Lavín y Sebastián Piñera necesitaban correrse al centro, se permitieron en la campaña de 2005 prometer que se jugarían por “corregir” el binominalismo (pasado el tiempo del ofertón, sólo Piñera ha mantenido su palabra, en la medida que sí hegemoniza a RN, lo que ya no sucede con el ex alcalde en el gremialismo).
La actitud de los presidenciables de la Alianza y el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet, quien recoge tanto un elemento que para la Concertación -y ella misma- es programático, como también expresa el agradecimiento por los votos de izquierda “dura” que le permitieron ganar La Moneda derrotando a Piñera, llevaron hace un año a la segunda fórmula de Boeninger.
La Jefa de Estado, de estreno en palacio, le pidió una proposición de reforma electoral definida por el principio de la proporcionalidad. El ex ministro fue eficiente –es verdad, tenía terreno avanzado desde 15 años antes- y presentó un modelo con distintas variantes, aunque aproximado al que no había hallado terreno fértil durante el Gobierno de Aylwin: más escaños, asignación proporcional y –otra vez la piedra de toque- nuevas unidades electorales, el temido redistritaje.
La reacción de la Concertación se parece a la de los concursos televisivos: gracias por participar y corte de teléfono. Sólo algunos días duró el esquema de Boeninger antes de que los secretarios generales –sensibles como nadie a los datos territoriales del poder de sus partidos- optaran por una negociación política a partir de cero aprovechando la disposición de RN, que a lo menos hasta ahora resiste la presión de la UDI.
REALISMO
El primer criterio que determinaron fue asumir sin ambigüedad la fuerza del límite que ponen los legisladores actuales y los de antes: reforma sí, pero siempre que a mí no afecte… Allí donde Boeninger planteó ciencia política, los portavoces de la Concertación pusieron interés corporativo; es decir, filosofía versus sentido común.
Debido a este realismo es que los negociadores refrescaron una idea que originalmente propuso el DC Gabriel Ascencio –y que en su momento le acarreó reproches por presunta falta de ambición y cesión de principios- y que vagamente remite al sistema electoral alemán, donde una parte de los escaños del Bundestag se llena por sistema mayoritario y otra por votación proporcional.
En rigor, el punto de partida de las tratativas –que por las condiciones que está sugiriendo RN se ven muy verdes- es más bajo que lo planteado por el propio Ascencio, pues todo apunta a que en el mejor de los casos va a surgir un sistema híbrido de asignación de escaños, consagratorio del binominalismo, y donde por la vía de una especie de subsidio el PC logrará difícilmente más de dos cupos en la Cámara de Diputados (el Senado tendría que ser muy ampliado para que con un piso de 5%, que es la base electoral que ha mostrado hasta ahora el PC, un partido se asegure una banca).
La Presidenta sólo sobrevoló este dilema de la “incumbencia” de los parlamentarios en su discurso del jueves reciente, al insistir en que su ideal programático continúa siendo la proporcionalidad y que el todavía frágil acuerdo con RN es un mínimo y un remake del avance en la medida de lo posible, pero –claro- no pudo hacerse cargo de la ausencia de voluntad en el Congreso para lanzar una batalla política de desenlace sombrío.
Con todo, el orden de las cosas durante la extensísima etapa de transición o democratización (Bachelet mostró una larga y sorprendente lista de asuntos pendientes en su discurso del jueves 5) revela que si prospera este proyecto reformista de baja intensidad, una serie de problemas asociados al binominalismo –partiendo por su inequidad estructural e insalvable- van a persistir e incluso podrían agudizarse, como la feroz competencia intrapacto. Pero el acuerdo político mínimo con el PC y RN “es una corrección importante”, afirmó la Mandataria. “Es lo que hay”, decimos en jerga coloquial.
