La tradición de la Democracia griega o del republicanismo romano, encarna, tras un largo periodo histórico, la democracia jacobina, que debe ser entendida como un proceso que va desde abajo hacia arriba y no al revés, como se ha querido deformar por parte de los historiadores bonapartistas y burgueses. La centralización y el flujo de arriba hacia abajo es obra de la reacción antidemocrática de Bonaparte y posteriormente del liberalismo, muy propia del despotismo ilustrado "todo para el pueblo, pero sin el pueblo".
Más recientemente la democracia participativa surgió, no como una entelequia sino como una realidad tangible, con los trabajadores brasileños en su forma de organización en las luchas de los años 70 y 80, concluyendo en un proyecto político y en la creación del Partido de los Trabajadores en el año 1979, la Central Única de los Trabajadores en 1983 y el Movimiento de los trabajadores sin Tierra en 1985. De esa experiencia y de la necesidad de cubrir las necesidades más elementales dieron lugar a numerosas organizaciones sociales en defensa de viviendas, centros de salud, educación, mejora del transporte, de los derechos de la mujer, la infancia, derechos de los negros, indios, homosexuales…. De este modo se crearon estas Organizaciones en Brasil, llegando uno de los fundadores metalúrgico a ser el actual presidente de Brasil.
Se podría decir, por algunos, que ese país no es ningún referente para Europa puesto que aquí no existen esos problemas, pero si analizamos nuestro entorno podemos ver que siguen vigentes, la única diferencia es que estos problemas no son tan amplificados como en el estado de referencia, sin embargo, para aquellos que así continúan opinando habría que decir a modo de ejemplo, que la agenda 21 de la cultura nace como propuesta de los ayuntamientos de Barcelona y de Porto Alegre el 8 de mayo de 2004 y se firma en la ciudad condal, por el IV Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre, en el marco del primer Foro Universal de las Culturas, cuyo preámbulo de la misma dice: "Nosotros, ciudades y gobiernos locales del mundo, comprometidos con los derechos humanos, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la democracia participativa y la generación de condiciones para la paz, aprobamos esta agenda como documento orientador de las políticas públicas de cultura" como un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales.
También en Europa, tanto en Gran Bretaña, Alemania o Francia, se han mostrado favorable a introducir cambios legislativos para favorecer la ampliación de la democratización local. Un ejemplo de ello es el proyecto de ley, presentado y aprobado en la Asamblea Nacional de Francia el 23 de mayo de 2001, llamado Democracia de Proximidad.
Los antecedentes que posibilitaba, pero no obligaba, la participación ciudadana en España lo encontramos en la Ley 14/1990, definida en el régimen jurídico de las administraciones públicas relativa a los municipios canarios y a las entidades territoriales inframunicipales que en su articulado definían las Juntas Municipales de Distrito o Barrios cuyas competencias entre otras era mejorar la gestión y facilitar la participación ciudadana, los Consejos de Participación Ciudadana y sus funciones, como son estudiar y cuantificar los problemas en todas las materias (urbanismo, sanidad, educación, trafico, etc.) de los distritos o barrios así como los Consejos de Barrio y del Sector.
Al amparo de esta Ley son muchos de los Ayuntamientos, mayoritariamente peninsulares, entre otros el Ayuntamiento de Barcelona, Bilbao, Sevilla, Madrid, etc., los que fijan un marco jurídico para la participación ciudadana, por el contrario en Canarias no existen ningún precedente de esta naturaleza, lo cual nos debe hacer reflexionar.
Curiosamente es un gobierno conservador el que aprueba la ley 57/2003 de 16 de diciembre de 2003, de medidas para la modernización del gobierno local, y que da paso obligado a la participación ciudadana con la creación de todos estos foros además de otras medidas de carácter administrativas, ejecutivas y operativas que, dicho sea de paso, es el primer objetivo que pretendía la mencionada ley de mínimos.
El pacto del Gobierno municipal anterior, de acuerdo con el Art. 121.1 de la LRBRL, toma la iniciativa para situar al municipio dentro del titulo X de la propia Ley, para posteriormente aprobar los Reglamentos de participación ciudadana así como el Reglamento orgánico de Gobierno y Administración, el 13 de Febrero de 2006, y por las que se rige administrativamente el Ayuntamiento en estos momentos. Los reglamentos que afectan a la participación ciudadana no se ponen en marcha, por los presuntos casos de corrupción y la nula gestión de los servicios, que afectó a la propia estructura institucional y funcionarial.
A la mayoría de los políticos, les gusta mostrar que su gestión se encuentra orientada hacia las demandas de los ciudadanos. Las fiestas locales organizadas por las asociaciones, los barrios y el propio municipio proporcionan una buena ocasión para salir en la foto, "cerca de los ciudadanos". Desgraciadamente para la mayoría de estos representantes políticos la participación ciudadana finaliza en ese momento, ó unas palabras obligatorias, que nos hacen pesar que somos menores de edad para dar soluciones a los problemas del municipio y que nos afectan como ciudadanos.
Las iniciativas que van más allá, como involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones o incluso delegar la ejecución de determinadas tareas en ellos, son en general consideradas como altamente sospechosas ó peligrosas, tanto por los cargos electos como por los funcionarios. Los políticos porque creen conocer qué es lo más importante para los ciudadanos y seguramente, continúan argumentando, no les hubieran elegido si esto no fuera cierto. Los funcionarios también tienden a pensar que tienen mejor conocimiento experto que los ciudadanos ordinarios, quienes no pueden ver más allá de sus intereses privados y, en cualquier caso, carecen de la competencia profesional adecuada. Desde esta perspectiva, parece claro, que no existen beneficios, para unos ni para otros, con la participación ciudadana, sólo verdaderos problemas y se olvidan que son los ciudadanos los que los eligen, pagan sus salarios y sus irresponsabilidades derivadas de sus propios intereses políticos o personales.
Hay que decir y defender que la participación ciudadana, sólo es posible tomando parte activa en las decisiones públicas y para ello es necesario un marco estable y normado en contraposición a la participación "no auténtica". Decimos que "no es auténtica" porque, los colectivos ciudadanos, no pueden estar sujetos a que te quiera recibir o no "el gobierno de turno" para analizar los problemas de tu barrio o municipio, que te conteste o no las sugerencias que realizan o lo que es más indigno que te reciban o no dependiendo de su color político.
La auténtica participación se caracteriza por un estilo de colaboración, con la posibilidad de intervenir antes de que la agenda esté establecida y que las decisiones estén adoptadas, en la que los ciudadanos tengan la oportunidad real de propuesta y discusión, para que los resultados sean fruto del proceso y no de la decisión unilateral de los responsables públicos. Plasmar estas ideas no sólo será fruto de la responsabilidad de los partidos políticos que confluyan en esta proposición, sino del apoyo general de los ciudadanos.
(*) Indalecio Rodríguez Santana es vecino de Telde.
