Como "una estrategia equivocada" calificó el senador Sergio Romero, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores los comentarios de autoridades peruanas en orden a criticar el interés de Chile por la compra de armamento por US$ 665 millones, según lo informado por el Congreso Norteamericano.
El parlamentario aseguró que "Perú insiste en hacer comentarios impropios que simplemente corresponden a una práctica que la opinión pública ya conoce", y aclaró que "las posibles adquisiciones militares obedecen al reemplazo de elementos necesarios para la defensa nacional que soberanamente nosotros definimos".
Se refirió así al interés de compra manifestado por nuestro país para la adquisición de misiles Stinger por US$455 millones, misiles AIM de mediano alcance avaluados en US$145 millones y sistemas de radar Sentinel, por US$65 millones.
Cabe señalar que hace 10 años Perú adquirió misiles de origen ruso Vimpel R-77 para sus aviones de combate, que serían equivalentes a los que eventualmente podría comprar Chile.
Al respecto, el senador Romero afirmó que "Perú en la práctica hace lo mismo, sin embargo, nosotros no andamos criticando ni haciendo mención del armamento que adquieren nuestros países vecinos".
Agregó que "una vez más, Lima cae en esta errónea táctica y debe recapacitar y reconsiderar este tipo de actitudes que no ayudan en el objetivo propuesto de levantar por una parte, una decaída figura del Primer Mandatario del Perú y, por otra, de crear artificialmente una imagen que Chile no tiene".
ESPIONAJE
Consultado sobre las versiones que dan cuenta de la detención del suboficial de inteligencia de la Fuerza Aérea peruana, Víctor Ariza Mendoza, acusado de espiar para Chile, el senador Romero fue enfático en señalar que "es absolutamente improbable que esto sea real. Nosotros no acostumbramos a utilizar este tipo de elementos y creo que esta situación también puede ser parte de esta misma estrategia que cada cierto tiempo levanta el Perú".
De acuerdo a informaciones de prensa, el suboficial Ariza Mendoza se habría desempeñado en la embajada de Perú en Chile el año 2003 y a su regreso a Lima se habría descubierto que recibía remesas de dinero desde el extranjero, presuntamente en retribución a sus labores de espionaje.
El senador Romero recordó que "en materia de espionaje son más bien nuestros vecinos los que debieran explicar -lo que ellos mismos denunciaron- cuando una empresa de propiedad de un ex oficial de la Marina de Guerra de Perú se encargaba de captar conversaciones y correos de militares de la Fuerza Aérea de Chile, y donde hubo 5 implicados, todos ex miembros de las Fuerzas Armadas de Perú".
Precisó que en esa oportunidad, "Chile no hizo ningún escándalo y dejó que el caso siguiera su curso en los tribunales peruanos porque lo único que se consigue con este tipo de actitudes es empañar las buenas relaciones que deben existir entre países vecinos".
El parlamentario aludió así al caso detectado a mediados de este año cuando la prensa peruana también reveló la existencia de correos electrónicos y audios con conversaciones telefónicas que corresponderían a cuatro oficiales de la Fuerza Aérea chilena: Fernando Santander, Felipe Valenzuela, Rodolfo Calderón de la Fuente y Rodrigo Vargas, entre julio y agosto de 2004.
Este material fue hallado en el computador del ex oficial de la Marina de Guerra de ese país, Elías Ponce Feijoo, gerente general de la empresa Business Track (BTR), también vinculada a un caso de espionaje telefónico en contra de dos personeros del partido del Presidente García, por el cual está procesado. En esa oportunidad, el gobierno peruano aseguró que las interceptaciones ocurrieron antes de la administración del Presidente Alan García
Por otra parte, en abril de 2009, Chile expulsó del país a Odar de la Cruz Muñoz, ciudadano peruano que fue descubierto tomando fotografías en instalaciones reservadas de la Armada en Viña del Mar, donde se prohíbe tomar imágenes.
En tanto, en mayo de 2001, en la embajada de Chile en Lima se encontraron cuatro micrófonos. Si bien los aparatos electrónicos no estaban activos, la situación también generó una dura polémica.
nstalada como una tradición de fin de año, justo antes del período navideño, la Asociación de Empleados Fiscales convocó nuevamente un paro para exigir un reajuste de sus remuneraciones. Haciendo gala de una gran coordinación, fruto de años de experiencia, los miembros de la ANEF desfilaron por la Plaza de Armas y frente al Congreso Nacional en demanda de un reajuste salarial superior al 7%. Una cifra excesiva si se tiene en cuenta que este año finalizará con un IPC negativo. Finalmente, y después de fuertes presiones, el Congreso aprobó un reajuste de 4,5%, y la ANEF quedó contenta. Con justa razón, pues se trata de la tasa real más alta en dos décadas.
