| Domingo 1 de octubre de 2006
La historia desconocida de la preparación del informe que recibió la Presidenta Bachelet:
El pacto Brunner-Peña que torció el rumbo del Consejo Asesor
Eduardo Sepúlveda y Gabriel Pardo
Una semana antes de entregarle a la Mandataria su primer informe, la comisión más clave y controvertida del Consejo Asesor estaba quebrada. Un grupo disidente pretendía presentar un documento paralelo al país que diera cuenta de las opiniones que se habían dejado fuera del "texto oficial". La opinión mayoritaria defendía una visión marcadamente "estatista" de la educación. Pero una fórmula de último minuto permitió darle viabilidad, al menos por un tiempo, al trabajo del grupo de los 81.
Eduardo Sepúlveda y Gabriel Pardo
Cuando el viernes 29 en la mañana, en el Palacio de la Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet recibió el informe preliminar del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, no se molestó por el hecho de que el documento de 107 páginas estuviera lleno de argumentos discrepantes entre sí.
Por el contrario. Quienes conocieron la trastienda de la ceremonia, aseguran que la Mandataria valoró que el texto incorporara el pensamiento de los miembros del consejo que no estuvieron de acuerdo con el sector mayoritario que, grosso modo, tenía una mirada más "estatista" del problema de la educación.
Lo que no supo la Presidenta es que la disyuntiva entre agregar o no a los "disidentes" estuvo a punto de quebrar irreparablemente su Consejo Asesor. Tampoco se enteró de que apenas una semana antes de recibir el informe en sus manos se alcanzó un principio de acuerdo que evitó lo peor. Y menos, que la solución se fraguó en un desconocido e inesperado pacto entre el ex ministro José Joaquín Brunner y el vicerrector académico de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.
Brunner instala la bomba
El epicentro del movimiento telúrico que amenazó con hacer fracasar el desarrollo del Consejo Asesor se registró en la más controvertida de las subcomisiones de la entidad: la de Marco Regulatorio, aquella en que se radicó el debate respecto de la polémica LOCE.
A comienzos de septiembre, y después de dos meses de trabajo, el presidente de la subcomisión, Carlos Peña, tenía prácticamente redactado un primer borrador con las conclusiones del debate sostenido por sus 27 miembros; entre ellos, el rector de la Universidad Católica, Pedro Pablo Rosso; el obispo auxiliar de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati; el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, y el presidente de la FECh, Nicolás Grau.
Sin embargo, en esos días Peña debió viajar fuera de Chile y la redacción del documento cambió de manos. Así, en la sesión del viernes 8 los consejeros conocieron una primera versión que, a juicio de un grupo de personas encabezadas por José Joaquín Brunner, exhibía una perspectiva sesgada de la discusión, donde se privilegiaba una mirada más "estatista" de la educación.
Entonces, Brunner le envió un duro mail a Peña refutando uno a uno los argumentos planteados en el borrador, que estimaba eran responsabilidad de este último. Como respuesta recibió una nota en tono similar del académico de la UDP, quien le criticaba su actitud y también varios de sus puntos de vista.
En la siguiente reunión de la subcomisión, el viernes 15, se desató un enfrentamiento abierto entre los dos bloques discrepantes. Jorge Pavez tomó la palabra e increpó a Brunner, sosteniendo que no tenía derecho a plantear a última hora sus críticas al borrador en circunstancias de que durante semanas no asistió a las sesiones del consejo. Lo tildó de "arrogante". Otras voces -más nítidamente la de los estudiantes secundarios y universitarios- se unieron al dirigente de los profesores.
El ex ministro defendió su derecho a discrepar señalando que sus ausencias habían sido previamente avisadas, y que se debían a compromisos en el extranjero. Y que eso no era razón suficiente para impedirle entregar sus opiniones y que éstas fueran contenidas en el informe final.
La reunión concluyó sin un veredicto, pero dejando la sensación en los presentes de que estaban ante un callejón sin salida.
El cara a cara
Pero ahí, en la Biblioteca de Santiago, se produjo la primera reunión a solas entre Brunner y Peña.
Si bien se desconoce el contenido de ese diálogo, sus frutos emergerían un par de días después. Brunner puso por escrito su pensamiento sobre los temas que debía abordar la "subcomisión 1". Bautizó el texto como "documento alternativo" y se lo envió a Peña. Éste le habría hecho una serie de enmiendas, además de recomendarle a Brunner que cambiara el título: hablar de "documento alternativo" se interpretaría como una provocación.
Brunner aceptó íntegramente las observaciones del vicerrector y comenzó a llamar al escrito "documento complementario". Eso selló el inesperado pacto. Ahora ambos coincidían en un verdadero "manifiesto" sobre la institucionalidad que debía tener la educación chilena.
El "informe Brunner-Peña" fue enviado a los coordinadores de las otras dos subcomisiones, Paulina Araneda (Institucionalidad) y Abelardo Castro (Calidad), quienes también lo suscribieron. Y luego se sumaron a ellos Rosita Puga (Belén Educa) y Cecilia Alvariño (ex directora de Educación de la Fundación Chile).
Avalado por esos seis nombres, el "documento disidente" se distribuyó por mail a los 81 miembros del Consejo Asesor, y sus patrocinadores insistían en que debía ser considerado en el informe final que fue entregado a la Presidenta Bachelet.
Cuando el presidente del Consejo, Juan Eduardo García-Huidobro, se enteró de todo esto, consideró inapropiado que existiera un documento paralelo al oficial y se negó a que se incorporara, incluso como un anexo. "Juan Eduardo temió que al final se presentaran dos informes, con lo que su trabajo, y los esfuerzos por lograr consensos, se fuera a la basura. También le molestó mucho la actitud de Peña, que al hacer un verdadero pacto con Brunner estaba quebrando en dos la comisión", testimonia un consejero.
Un cercano a Peña asegura, sin embargo, que "lo que quería Carlos era exactamente lo contrario: evitar el quiebre, porque si la mayoría no aceptaba que se incorporara la opinión de la minoría disidente, ese grupo se marginaría y saldría a defender el informe Brunner".
Todos contra Peña
Así se llegó a la sesión del 22 de septiembre. En un intento por conseguir un acuerdo rápido, Peña presenta a los consejeros dos documentos: el "borrador oficial" y un segundo texto elaborado en base a éste y al "documento complementario" acordado con Brunner.
Como era de suponer, la asamblea las emprendió ahora contra el académico. Los representantes del "mundo social" no entendían cómo Peña podía pactar con un sector del que lo suponían lejano. El coordinador se defendía afirmando que sus ideas las envió en más de seis mails y que, por lo tanto, no debían ser sorpresa para nadie. Además, sostuvo que su rol como presidente de la subcomisión era garantizar que todas las voces estuvieran presentes en el informe final.
La reunión se volvió inmanejable, y debió suspenderse por algunos minutos. Hay consejeros que sostienen que en ese momento Peña se reunió con varios dirigentes estudiantiles, como el propio Nicolás Grau, intentando alcanzar un acuerdo.
Luego del receso, testigos relatan que monseñor Ezzati -quien había tenido un público entredicho con Peña- pidió la palabra y emitió un virtual "voto de confianza" hacia el vicerrector de la UDP, provocando la sorpresa de los presentes.
Ese espaldarazo utilizó Peña para jugar su última carta: propuso que el texto que se entregaría a la Presidenta estuviese formado por un cuerpo central, conteniendo la opinión mayoritaria, pero también la mirada disidente, pero como notas al pie de página. Ahí está su origen.
Después de escuchar la defensa de dicha fórmula por parte del rector de la UC, Pedro Pablo Rosso, la comisión terminó por aprobarla. Claro que con un prerrequisito: la redacción de esa versión final debía quedar en manos de García-Huidobro.
Lo curioso es que sólo esta subcomisión, la de Marco Regulatorio, incorporó en su informe todas las "notas" que quisieron agregar sus miembros, las otras dos subcomisiones presentaron sus conclusiones prácticamente sin el contrapeso de la minoría disidente. Así, quedaron afuera aportes de expertos como Harald Beyer, Loreto Fontaine y el propio Brunner.
De hecho, durante la tarde del viernes, cuando el preinforme final que conoció la Presidenta, y que se publicó íntegramente en internet, fue conocido por los 81 miembros del Consejo Asesor, comenzaron a llegarle a García-Huidobro las quejas de los integrantes de las comisiones de Institucionalidad y Calidad cuyas observaciones no figuraron.
"En la segunda parte del trabajo del Consejo Asesor se deberá adoptar la metodología de la comisión de Marco Regulatorio; de lo contrario, un importante grupo de opinión sentirá que todo esto no tiene sentido. Los sectores sociales son mayoritarios y por eso pueden imponer su visión, pero no es razonable que los expertos, los técnicos, que son minoría, queden excluidos... porque, finalmente, ésos son los dos bloques que se terminaron formando", reflexiona un consejero.
Otro miembro del Consejo, cercano al Gobierno, sostiene que "hay grupos que quieren desmantelar no sólo la LOCE, sino que también la institucionalidad educacional que ha construido la Concertación. Si no se modifica el sistema de trabajo de las comisiones del Consejo Asesor, podríamos terminar en diciembre entregando un documento que plantee partir de cero".
LOS FIRMANTES
José Joaquín Brunner
Sociólogo PPD. Director del Programa de Educación de Fundación Chile y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue ministro Secretario General de Gobierno durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Integra la Comisión de Marco Regulatorio.
Carlos Peña
Abogado. Fue asesor de Soledad Alvear en temas legislativos cuando ésta fue ministra de Justicia. Hoy es vicerrector académico de la Universidad Diego Portales. Preside la comisión de Marco Regulatorio.
Celia Alvariño
Doctora en educación de la Universidad de Barcelona. Durante ocho años fue directora ejecutiva del Programa de Educación de la Fundación Chile y es la actual gerenta del Fondo de Inversiones Educacionales Chile Valora. Integra la Comisión de Institucionalidad.
Abelardo Castro
Es cercano al PS. Fue propuesto por el senador Alejandro Navarro para presidir el Consejo Asesor. Hoy es decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción y representante de la Asociación de Decanos de Educación. Preside la comisión de Calidad.
Paulina Araneda
Sicóloga. Fue asesora de los ministros de Educación Mariana Aylwin y Sergio Bitar y actualmente es directora de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Peñalolén al mando del DC Claudio Orrego. Es presidenta de la comisión de Institucionalidad.
Rosita Puga
Educadora cercana a la Iglesia. Actualmente es directora académica de la Corporación Belén Educa que busca dar educación de excelencia a niños de escasos recursos. Es integrante de la comisión de Calidad.
DIFERENCIAS CON EL TEXTO OFICIAL:
El documento disidente, según Brunner y Peña
José Joaquín Brunner:
"Hablo sólo por mi cuenta y sin comprometer al grupo de consejeros que suscribimos este documento. Lo presentamos al Consejo como una contribución al debate; para aportar a los consensos y razonar en torno a opciones y alternativas. Quisimos subrayar la estrecha unidad que existe en una sociedad democrática y diversa entre el derecho a una educación de calidad garantizada y la libertad de enseñanza. Planteamos que un sistema de educación obligatoria financiada con cargo a rentas generales y proveída por agencias públicas o privadas a elección de los padres puede ser socialmente beneficioso, a condición de que exista igualdad de trato entre sostenedores, un sistema de aseguramiento de la calidad común para todos los establecimientos, subvenciones diferenciadas y prohibición de seleccionar alumnos durante el ciclo inicial de la enseñanza básica y en el nivel preescolar. Abogamos además por un sistema descentralizado y con real autonomía de gestión para los establecimientos gestionados públicamente a nivel local. En este contexto concordamos con la necesidad de hacer más efectivas y flexibles las regulaciones del sistema, cambiar a fondo la LOCE y no imponer a los colegios trabas y lastres propios del centralismo burocrático.
Carlos Peña:
"En la subcomisión se hicieron, de parte de todos, leales esfuerzos por alcanzar convergencias. Pero luego de ese esfuerzo, fue inevitable, y además era lo correcto, permitir la expresión de las diferencias.
Estas fueron las que siguen:
Mientras una parte del consejo atribuyó los actuales problemas a un defectuoso diseño del sistema escolar y al abandono del patrón estatal, otro sector consideró que esos problemas son fruto de un sistema inclusivo, que lleva las inequidades (que hasta hace poco se detenían en la puerta de la escuela) ahora al interior del aula. De otra parte, mientras la mayoría del Consejo consideró que el Estado debía discriminar positivamente al sector público por ser el que atiende a la mayoría de los más desventajados, la minoría sugirió que era mejor un sistema que, sobre la base de igual trato a todos los proveedores, apoyara preferentemente a los alumnos más pobres manteniendo el esquema de subsidios a la demanda. En fin, mientras la mayoría aconsejó erigir al sector público en el paradigma de la educación obligatoria, el otro sector sugirió que lo más razonable era un sistema de provisión mixta, con igualdad de trato, subvenciones diferenciadas, prohibición de selección y financiamiento compartido a los quintiles más pobres y un sistema uniforme de aseguramiento de la calidad.
Se trata, en mi opinión, de divergencias legítimas, cuya expresión pública favorece el debate y hace más robusta la deliberación en esta materia".
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