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sábado, febrero 18, 2012

¿dicom? Tres millones de deudores dejarán de estar en Dicom en los próximos días

Tres millones de deudores dejarán de estar en Dicom en los próximos días


Cecilia Arroyo

Cerca de tres millones de chilenos con moras por deudas inferiores a $2,5 millones serán borrados en estos días del registro comercial -conocido popularmente por el nombre de la empresa dueña de este servicio, Dicom-, según los cálculos entregados ayer por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

La salida de estos morosos de las bases de datos se debe a la entrada en vigencia de la Ley 20.575, que norma el uso de información comercial y que, dentro de distintos aspectos, incluye el "borrón" de los datos de deudas vencidas y exigibles al 31 de diciembre pasado que se encuentren impagas, y que al 17 de febrero no excedan de $2,5 millones por deudor.

Esto implica sacar de "Dicom" deudas por un total de 60 millones de UF (unos US$ 2.750 millones), equivalentes al 1,57% del total de colocaciones de la banca al cierre de 2011.

Operativamente, el llamado "perdonazo" debería estar concluido este fin de semana, de manera que el próximo lunes los nombres de los beneficiarios ya no figuren en el sistema informativo de carácter crediticio o comercial, según señaló el secretario general de la CCS, Cristián García-Huidobro.

Las mayores complicaciones del proceso, agrega el ejecutivo, están en la conjugación de los criterios consignados (monto y fecha de vencimientos), para lo cual han trabajado coordinadamente con los distribuidores de estos datos, como las empresas Equifax o Sinacofi.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó la ley como un esfuerzo por favorecer a los ciudadanos en la protección de sus datos sensibles, y apoyar a miles de emprendedores que por diferentes circunstancias no han tenido éxito, pero que esperan volver a levantarse.

Ley complementaria

La norma, que fue publicada ayer en el Diario Oficial, establece un nuevo principio en el tratamiento de datos personales sobre Protección de la Vida Privada. A partir de él, explicó Larroulet, sólo tendrán acceso a los datos de carácter económico, financiero, y bancario o comercial de terceros, el comercio establecido que realice evaluación de riesgo comercial, y las entidades que evalúen riesgo en el proceso de otorgamiento de un crédito. "Para todo el resto de los casos donde sea necesario contar con información comercial, se requerirá del consentimiento del titular de los datos", precisó el secretario de Estado.

"Se trata de un proyecto específico sobre el uso de información exclusivamente comercial, que se adscribe y complementa dentro de otros dos proyectos emblemáticos del Gobierno: Deuda Consolidada y Protección de Datos Personales", dice el asesor del Ministro de Economía, Cristian Gardeweg.

Frente al primero, la principal diferencia es que no abarca la información comercial positiva. Mientras que respecto de la protección de datos personales, la iniciativa del Gobierno va más allá de los datos financieros, resguardando el uso de información sobre domicilio, teléfonos, entre otros.

Las cinco preguntas fundamentales sobre la norma

1 ¿Qué es la Ley 20.575?

Es la norma que regula el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, limitando su uso a entidades que realicen evaluación de riesgo comercial y de crédito, como bancos y casas comerciales.

De esta manera, cualquiera que quiera usar estos datos, fuera de ese universo, deberá pedir autorización a las respectivas personas dueñas de sus antecedentes.

2 ¿A qué se refiere el "borrón de Dicom"?

De acuerdo con esta ley, serán eliminadas del registro comercial todas las deudas en mora que se hagan exigibles, es decir vencidas al 31 de diciembre de 2011 y que al 17 de febrero de este año no superen los $2,5 millones. Cada cuota morosa se trata por separado; por tanto, si una cuota venció antes del 31 de diciembre, se borra, siempre y cuando el total de cuotas morosas sea inferior al máximo establecido.

3 ¿Ninguna institución de crédito verá ese tipo de deudas en el sistema?

Desde ayer, no. Ya que no podrán ser informadas por los distribuidores de datos a ningún agente. Para algunos se trata de una "pérdida de información" que puede impactar la buena evaluación del riesgo de cada persona por las distintas entidades. Esto no significa que la deuda caduque, ya que si bien la información desaparece del sistema, los compromisos comerciales siguen vigentes.

4 ¿El uso de estos datos para fines distintos al crédito se debe denunciar?

Bajo esta ley, sólo se usará para proceso de crédito y de evaluación de riesgo comercial. Si es para otro fin, las personas pueden denunciar ante tribunales.

Sin embargo, en los proyectos del Gobierno hoy en discusión (Deuda Consolidada y Protección de Datos) se incorpora al Sernac como vigilante de los datos personales, para canalizar las denuncias de incumplimiento.

5 ¿Se llevará algún registro de quien usa esta información?

De acuerdo con la nueva disposición, las distribuidoras de datos -es decir, personas naturales o jurídicas que realicen directamente el tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas- deberán elaborar un registro con las empresas a las que entregan información. Esta norma, a diferencia del resto de la ley, entrará en vigencia en seis meses.


Fuente:emol

Saludos
Rodrigo González Fernández
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Tres millones de deudores dejarán de estar en Dicom en los próximos días

Tres millones de deudores dejarán de estar en Dicom en los próximos días


Cecilia Arroyo

Cerca de tres millones de chilenos con moras por deudas inferiores a $2,5 millones serán borrados en estos días del registro comercial -conocido popularmente por el nombre de la empresa dueña de este servicio, Dicom-, según los cálculos entregados ayer por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

La salida de estos morosos de las bases de datos se debe a la entrada en vigencia de la Ley 20.575, que norma el uso de información comercial y que, dentro de distintos aspectos, incluye el "borrón" de los datos de deudas vencidas y exigibles al 31 de diciembre pasado que se encuentren impagas, y que al 17 de febrero no excedan de $2,5 millones por deudor.

Esto implica sacar de "Dicom" deudas por un total de 60 millones de UF (unos US$ 2.750 millones), equivalentes al 1,57% del total de colocaciones de la banca al cierre de 2011.

Operativamente, el llamado "perdonazo" debería estar concluido este fin de semana, de manera que el próximo lunes los nombres de los beneficiarios ya no figuren en el sistema informativo de carácter crediticio o comercial, según señaló el secretario general de la CCS, Cristián García-Huidobro.

Las mayores complicaciones del proceso, agrega el ejecutivo, están en la conjugación de los criterios consignados (monto y fecha de vencimientos), para lo cual han trabajado coordinadamente con los distribuidores de estos datos, como las empresas Equifax o Sinacofi.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, destacó la ley como un esfuerzo por favorecer a los ciudadanos en la protección de sus datos sensibles, y apoyar a miles de emprendedores que por diferentes circunstancias no han tenido éxito, pero que esperan volver a levantarse.

Ley complementaria

La norma, que fue publicada ayer en el Diario Oficial, establece un nuevo principio en el tratamiento de datos personales sobre Protección de la Vida Privada. A partir de él, explicó Larroulet, sólo tendrán acceso a los datos de carácter económico, financiero, y bancario o comercial de terceros, el comercio establecido que realice evaluación de riesgo comercial, y las entidades que evalúen riesgo en el proceso de otorgamiento de un crédito. "Para todo el resto de los casos donde sea necesario contar con información comercial, se requerirá del consentimiento del titular de los datos", precisó el secretario de Estado.

"Se trata de un proyecto específico sobre el uso de información exclusivamente comercial, que se adscribe y complementa dentro de otros dos proyectos emblemáticos del Gobierno: Deuda Consolidada y Protección de Datos Personales", dice el asesor del Ministro de Economía, Cristian Gardeweg.

Frente al primero, la principal diferencia es que no abarca la información comercial positiva. Mientras que respecto de la protección de datos personales, la iniciativa del Gobierno va más allá de los datos financieros, resguardando el uso de información sobre domicilio, teléfonos, entre otros.

Las cinco preguntas fundamentales sobre la norma

1 ¿Qué es la Ley 20.575?

Es la norma que regula el tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, limitando su uso a entidades que realicen evaluación de riesgo comercial y de crédito, como bancos y casas comerciales.

De esta manera, cualquiera que quiera usar estos datos, fuera de ese universo, deberá pedir autorización a las respectivas personas dueñas de sus antecedentes.

2 ¿A qué se refiere el "borrón de Dicom"?

De acuerdo con esta ley, serán eliminadas del registro comercial todas las deudas en mora que se hagan exigibles, es decir vencidas al 31 de diciembre de 2011 y que al 17 de febrero de este año no superen los $2,5 millones. Cada cuota morosa se trata por separado; por tanto, si una cuota venció antes del 31 de diciembre, se borra, siempre y cuando el total de cuotas morosas sea inferior al máximo establecido.

3 ¿Ninguna institución de crédito verá ese tipo de deudas en el sistema?

Desde ayer, no. Ya que no podrán ser informadas por los distribuidores de datos a ningún agente. Para algunos se trata de una "pérdida de información" que puede impactar la buena evaluación del riesgo de cada persona por las distintas entidades. Esto no significa que la deuda caduque, ya que si bien la información desaparece del sistema, los compromisos comerciales siguen vigentes.

4 ¿El uso de estos datos para fines distintos al crédito se debe denunciar?

Bajo esta ley, sólo se usará para proceso de crédito y de evaluación de riesgo comercial. Si es para otro fin, las personas pueden denunciar ante tribunales.

Sin embargo, en los proyectos del Gobierno hoy en discusión (Deuda Consolidada y Protección de Datos) se incorpora al Sernac como vigilante de los datos personales, para canalizar las denuncias de incumplimiento.

5 ¿Se llevará algún registro de quien usa esta información?

De acuerdo con la nueva disposición, las distribuidoras de datos -es decir, personas naturales o jurídicas que realicen directamente el tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas- deberán elaborar un registro con las empresas a las que entregan información. Esta norma, a diferencia del resto de la ley, entrará en vigencia en seis meses.


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Jueces y políticos por Pablo Rodríguez Grez

Jueces y políticos

PABLO RODRÍGUEZ GREZ
 


Uno de los problemas más delicados en el ejercicio de la jurisdicción radica en resolver adecuadamente la relación entre juez y política. Como es lógico, toda persona tiene simpatías, afinidades y tendencias de esta naturaleza, y ajusta su conducta a aquellas valoraciones. Sin embargo, el juez debe mantenerlas en reserva y luchar permanentemente porque ellas no influyan en sus decisiones, cosa siempre difícil de lograr. Comencemos por recordar que toda magistratura judicial se basa en la aplicación de la ley, lo cual se realiza mediante un procedimiento llamado "interpretación". Toda ley tiene una voluntad, una intención y un sentido propios, debiendo el juez desentrañarlo, con el objeto de crear una regla particular (sentencia), cuya validez radica en la reproducción de los elementos normativos que permiten integrarla al sistema jurídico. En consecuencia, en esta tarea, el magistrado debe ser leal a la norma, cualquiera que sea el juicio que ésta le merezca, porque ella fue creada por el legislador en ejercicio de una función en que la judicatura no interviene ni puede juzgar. No es correcto decir, como se señaló en el pasado, que el juez es un "prisionero de las leyes". No. El juez es creador de derecho, pero en un marco preestablecido dado por la ley.

Constituye una grave desviación del ejercicio de la jurisdicción recurrir a pretextos, argucias o efugios para burlar el mandato legal y reemplazarlo por aquello que el sentenciador en su fuero interno estima más justo o conveniente. Por ese camino se precipita al derecho hacia un despeñadero y la tarea judicial se transforma en una parodia grotesca y sin sentido.

Por otra parte, los jueces deben sustraerse a la tentación de transformarse en personajes públicos y líderes de opinión al amparo de la potestad que les ha sido confiada. Es frecuente ver a los magistrados, especialmente en períodos políticamente conflictivos, más interesados en hacerse notar en los medios de comunicación que en el ámbito que les es propio.

Probablemente, lo que más afecta la imagen del Poder Judicial es el hecho de que en muchos casos es predecible lo que dictaminará un juez, atendiendo a sus preferencias ideológicas y a la presión que la opinión pública ejerce sobre él. Existen casos en que, bien o mal, se genera un atmósfera adversa, fruto de comentarios, declaraciones oportunistas, e incluso, campañas bien programadas, que anticipan una condena que no obedece al análisis técnico, equilibrado y sereno de los antecedentes. Se tropieza entonces con un enjuiciamiento prematuro y definitivo que no es posible revertir y que puede constituir una aberración jurídica y moral. Tampoco son escasas las condenas destempladas que, de manera precipitada, enuncian quienes procuran conseguir dividendos electorales, creyendo así transformarse en adalides y conductores de la sociedad.

Frente a esta problemática de tan profundas raíces, los chilenos parecen errar su diagnóstico. En lugar de corregir estas lacras —que son la causa de que nuestros tribunales, junto a los partidos políticos, sean los órganos públicos peor evaluados por la ciudadanía —, se admite la injerencia política y se deja sin sanción a quienes han obrado al margen de la prescindencia ideológica impuesta, incluso, en la ley orgánica respectiva. Más aun, se persiste en mantener un sistema de promociones y ascensos en el cual predomina la intervención de los demás poderes de políticos, sometiendo a nuestros jueces a exámenes sobre sus preferencias y el contenido de sus decisiones. A tal punto se llega en esta materia, que, por un lado, se protesta cuando el Ministerio de Justicia revisa la calidad del desempeño judicial antes de cursar una designación y, por otro lado, se convoca al Senado a los candidatos a ministros de la Corte Suprema para que den cuenta de sus votos en el desempeño de sus funciones.

Lo ocurrido recientemente en España, en este orden de cosas, tiene una proyección importante. Un juez de esa nación, transformado en el arquetipo del defensor de los derechos humanos, que se atribuía una jurisdicción universal, la cual, sin embargo, nunca invocó para calificar lo que ocurre en Cuba o Venezuela, violentó el derecho de defensa de los imputados, al interceptar las comunicaciones con sus abogados, haciendo escarnio del secreto que la ley asegura en esta relación profesional a todo procesado. El Tribunal Supremo español puso fin a su carrera, expulsándolo de la magistratura y demostrando que, por sobre todo, debe prevalecer el "estado institucional de derecho" y el respeto al mandato normativo. Un ejemplo que deberíamos imitar si efectivamente aspiramos a una justicia verdadera.

Pablo Rodríguez Grez
Decano Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo


Fuente:emol

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Renacimiento ético

Renacimiento ético

Daniel Molina Jiménez | Licenciado en Historia
nuevatribuna.es | Actualizado 17 Febrero 2012 - 18:11 h.

El hombre, que creó a dios a su imagen y semejanza, no puede dejar de construir un sistema moral basado en actitudes de comprensión hacia los demás para sobrevivir. Esta necesidad es aún más apremiante en una realidad inter-nacional en la que se muestra, mediante un clic, a toda una serie de individuos anónimos conectados e intercambiado información sobre los más variables aspectos: aficiones, gustos, consumo, actualidad, negocios o mercado laboral. La sociedad de la información ha provocado que la inmediatez sea la clave de la modernización personal y el progreso, transformando, el espacio público, la solidaridad de los grupos, los caracteres sociales, las formas de vivir y de amar, así como las estructuras de influencia y de poder. Del mismo modo, han cambiado las maneras de apreciar las concepciones socio-políticas.

Siguiendo a UIrich Beck, en La sociedad del riesgo, a día de hoy, en nuestro tiempo, necesitamos una modernización reflexiva para establecer una relación madura con la existencia en el medio y las personas que queremos.

Sin embargo, los espacios de las relaciones de sociedad condicionan más que nunca el principio básico de un acto de adaptación, esto es, la relación entre sujeto y objeto y la repercusión ante las acciones. Lo cognitivo y lo emotivo de una conducta elaborada por el pensamiento está determinada por creaciones intersubjetivas. Esas creaciones intersubjetivas, elaboradas de manera inmediata, a su vez, han provocado una variación definitiva del condicionamiento. Lo que Piaget denominó en Psicología de la inteligencia, como factores subjetivos del pensamiento (las creencias) y los factores objetivos del pensamiento (las necesidades) son actos adaptativos y re-adaptativos determinados por un mundo, el de la inmediatez, construido por la virtualidad real, que es incapaz de percibir los riesgos que conlleva no establecer éticas cívicas y afectos reflexivos.

El auge de la imagen, de la comunicación, el deseo de emulación, de ascenso social rápido, la cultura finalista que olvida los medios, la virtualidad, etc, han despojado de valores éticos a los gobiernos y a la convivencia ciudadana. En realidad, los ejemplos de Camps en Valencia, de Matas en Baleares, el corporativismo del mundo judicial, los turbios negocios de Urdangarín y otros muchos casos que se podían mencionar, no son algo novedoso en la Historia. Hace justo 40 años, el cine retrató de manera magistral todo ese mundo de sumisiones, de rivalidades, de opacidad y de corporativismo. El Padrino, es la película clave del cine moderno, la exposición de un código moral propio y ajeno a las leyes de una saga familiar que se extiende a lo largo de tres películas, dirigidas por Francis Ford Coppola y que ya es, por derecho propio, una de las obras maestras más importantes de la historia del cine. Coppola lleva a la pantalla una famosa novela de Mario Puzzo donde tras la epopeya acerca de la familia, el honor y la Mafia (palabra que nunca llega a usarse en la película) subyacen una visión de la sociedad americana de posguerra, y junto a las otras dos entregas constituirán un imprescindible documento sobre la historia de los Estados Unidos en el siglo XX.

La destrucción de los vínculos de lealtad públicos que está trayendo la globalización, la desregulación, el neoconservadurismo, está dejando claro y patente que el patrón de moralidad no lo debe marcar un sentimiento religioso o un dogma o un texto sino que debe estar inspirado en la racionalidad obtenida por el conocimiento humano puesto al servicio de los demás y del progreso de la humanidad. Es cierto que ya no existe en la contemporaneidad ningún vínculo necesario o lógico entre fe religiosa y los principios de la moral, (como existió hasta las revoluciones burguesas del XIX), aunque generalmente sí existe y se extiende de manera imparable, nexos de motivación psicológica a través de los diversos espacios que generan dependencias, sumisiones, éticas y prácticas ajenas a la virtud ciudadana de lo público, algo que observó muy pronto Manuel Castells en su colosal Era de la información, y, más recientemente, el historiador Tony Judt, en Algo va mal. Sobre esa dependencia psicológica, en buena medida mediatizada por la incapacidad de ejecutar un acto de inteligencia reflexiva, se establecen en los sujetos asimilaciones perversas, es decir, la incorporación de objetos o esquemas de conducta dependientes de la voluntad ajena o acríticos. Una voluntad que no educa la moral sino que la corrompe, que no comprende el Ethôs personal sino que lo substituye por un interés particular y egoísta. Tal es así también en los vicios y perversiones vitales que dañan el comportamiento natural del ser humano, como en las explotaciones humanas, las drogas y otras conductas que alteran o destruyen cualquier desarrollo maduro de la personalidad.

Para evitar la corrupción de la cultura cívica, la reverberación del interés egoísta o corporativo, frente a lo público, debemos impulsar, decididamente, un renacimiento ético de las conductas que se plasme en todas nuestras acciones en la vida social y también en nuestros espacios (las instituciones). Para J.S. Huxley la convivencia en nuestro tiempo debe gestarse en la combinación de las acciones al progreso evolutivo (desde los menos evolucionados a los más evolucionados). Otros autores como C.H. Waddington, han expuesto que la moral, sin embargo, no establece un patrón para evaluar lo que es humanamente bueno. En todo caso, hoy ser humanamente moral - atendiendo a nuestros conocimientos -, pasa por actuar de un modo tal que prevea consecuencias hacia los demás. Mi acción tiene una dimensión ética solo si prevé consecuencias. Pero un comportamiento ético no se produce por adaptación al ambiente o a las circunstancias, cambia por evolución intelectual. En eso consiste la modernización reflexiva.

Las conductas éticas y los sistemas morales de convivencia que obtienen comportamientos debieran estar inspiradas en el bienestar social que generan. Denomino sofisma natural al axioma que se expresa en el es y en lo que debe ser. Esto significa una reflexión de la existencia basada en ser consciente de la inteligencia para tratar de mediar de alguna manera las consecuencias de nuestros actos. Lo esencial de nuestro tiempo es educar el comportamiento para construir una moral a través de la adquisición o el aprendizaje de experiencias significativas

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VENEZUELA Quema de cuadernos de primarias viola la ética y la política

Quema de cuadernos de primarias viola la ética y la política
Prensa Web RNV/ Agencias
17 Febrero 2012, 09:19 PM
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Foto: Archivo


Escuche las declaraciones del presidente, Hugo Chávez (MP3 2m)
Haga click para escuchar el audio

(Número de descargas: 13)

Caracas.- Quemar los cuadernos electorales tras un sufragio para elegir a un candidato presidencial de un país, es un hecho que el primer mandatario nacional, Hugo Chávez, califica de violatorio de la ética y de la política.

La oposición venezolana eligió al candidato que se medirá con Chávez en la contienda electoral del 7 de octubre. Lo escogieron a través de una votación realizada el pasado 12 de febrero y, tras el sufragio, menos de 48 horas después, quemaron los cuadernos electorales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) organizó este proceso de votación y aceptó que la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ente que agrupa a partidos conservadores, incinerara las actas.

Chávez manifestó que el CNE es un ente autónomo, sin embargo, en su calidad de Jefe de Estado, opinó: "Yo no me explico cómo el CNE aceptó esa condición, no lo imagino".

Agregó: "Esas cosas no deberían existir en nuestro sistema político, pero son poderes autónomos, sólo hago, como Jefe de Estado, la reflexión", dijo, durante un encuentro con 12 mil militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el estado Vargas, televisado por Venezolana de Televisión.

Contó que llamó a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena y le planteó su inquietud. "Me pareció extraño no se ha debido aceptar eso, no se le debe aceptar a nadie. Si vas a hacer elecciones deben estar regidas por todos los instrumentos del sistema electoral venezolano, uno de los mejores del mundo", aseveró.

Develó que él no sabía que el CNE y la MUD habían llegado a ese acuerdo de destruir los cuadernos.

"Después dicen que soy un tirano, un dictador, cuando yo ni me enteré, sino después, y cuando digo después, fue hace poquito. Yo creo que eso es violatorio de alguna ley. Violan la ética, la política y la ley", insistió.

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Izurieta: "El Ejército no le ocultó nada al gobierno de Bachelet el 27/F"

Izurieta: "El Ejército no le ocultó nada al gobierno de Bachelet el 27/F"

El ex comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, Oscar Izurieta, dice que la institución "no cometió errores" tras el terremoto y tsunami, y entrega detalles inéditos sobre la relación entre los militares y la presidenta después de la catásfrote.

por Ivonne Toro
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CUANDO se produjo el terremoto del 27 de febrero de 2010, el entonces comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, se encontraba a días de entregar el mando y ya se había trasladado a su departamento de calle Las Tranqueras en Vitacura. "Estaba armando todo, con cajas y cuadros en el suelo. Había dejado la casa del comandante en jefe donde hay grupo electrógeno, respaldo telefónico. Aquí estaba sin teléfono fijo y me quedé sin celular y además sin luz", relata instalado en la terraza de su hogar.

El general en retiro interrumpió sus vacaciones esta semana para responder los cuestionamientos que, tras las formalizaciones de la fiscalía por el 27/F, apuntan directamente al Ejército. El abogado Luciano Fouillioux, defensor de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, indicó que si la institución hubiese informado al gobierno de Bachelet que estaba operativo uno de sus sistema de comunicación -el Plan Torrente- las autoridades podrían haberse informado de mejor forma y haber alertado a la población del tsunami.

El actual subsecretario de Defensa, cargo que asumió 16 días después de dejar el Ejército y en medio de fuertes críticas de la Concertación, asegura que "nunca se ocultó información" a la Presidenta Bachelet tras el 27/F y advierte que "el Ejército no se equivocó".

La madrugada del 27/F, ¿en qué momento se contactó con las autoridades del gobierno de Bachelet tras el terremoto de las 3,34 AM?

Cerca de las 4.30 horas llegó mi escolta al departamento con información preliminar. Me dijo que el epicentro era en las regiones del Maule y Biobío. Yo había estado intentado contactar al jefe de Estado Mayor del Ejército, Guillermo Castro, pero no tuve éxito. Decidí irme a mi oficina y llegué pasadas las 5.00. Desde ese lugar logré comunicarme con el general Castro. Quería saber más detalles de lo ocurrido y qué había pasado en el Ejército, si teníamos muertos y heridos, cuál era el grado de destrucción de los cuarteles y la situación de las comunicaciones.

¿A qué hora logró hablar con el entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal?

No recuerdo bien, pero pasadas las 7 de la mañana.

¿Le informó del sistema de comunicaciones del Ejército y del Plan Torrente?

No recuerdo si le hablé de Torrente, específicamente. Sí le di cuenta de la información que teníamos en ese momento respecto a la situación del Ejército. El ex ministro Vidal mantuvo siempre contacto con los comandantes en jefes. Además, como procedimiento establecido en estas circunstancias, la información fluye desde los Estados Mayores institucionales hacia el Estado Mayor Conjunto, cuyo jefe mantiene permanentemente al día la información necesaria al ministro. Es decir, el ex ministro Vidal siempre supo cuál era la situación del Ejército y el estado de sus comunicaciones.

¿Qué es el Plan Torrente?

El Ejército básicamente tiene dos sistemas de comunicación. El Sicoe, que es el permanente y que, dada la geografía, funciona de distintas formas. En la zona austral es vía satélite y en la zona centro sur es por microondas, a través de antenas en las cumbres de los cerros, las que deben estar alineadas. Se desalinearon con el terremoto y, por ello, el sistema normal del Ejército quedó desconectado. El otro mecanismo es el de campaña para el combate, que requiere de un despliegue especial de bastante complejidad. Como una de las lecciones aprendidas de la tragedia de Antuco, nos dimos cuenta de la necesidad de que las unidades pudieran tener una comunicación administrativa expedita con los distintos grupos que están haciendo ejercicios o se encuentran en campaña. Y por eso se diseñó el tercer sistema: el Torrente.

¿En qué consiste exactamente?

Es un mecanismo de telecomunicaciones simple, no de combate. Son radios VHF y HF de características civiles. Se compraron 1.100 equipos y 60 centrales. Cada unidad posee una central y un número determinado de equipos, según su tamaño. A diferencia del Sicoe, no es automático, requiere operadores para cada central y para cada radio. Se diseñó para enlazar a militares con militares y a unidades con unidades, para propósitos institucionales. Insisto: Torrente era exclusivamente entre unidades militares... Y si la Onemi no tenía las capacidades para comunicarse, era un problema de ese organismo".

¿A qué hora estuvo operativo el sistema?

De acuerdo con los registros del comando de telecomunicaciones del Ejército, las primeras unidades que se contactaron con Santiago mediante el Sistema Torrente fueron Valdivia y la Brigada de Operaciones Especiales a las 5 AM. Chillán se contactó a las 5.15 y Concepción a las 7.20. Recién cerca de las 9 de la mañana se logró la comunicación con el resto de las unidades de la zona centro sur. Esta comunicación no era posible hacerla, a través de este sistema, ni con las intendencias, ni con las gobernaciones, ni con los pueblos de la costa, ni con la Onemi. El enlace sólo se podía hacer entre unidades militares, porque así fue diseñado el sistema. Pero, además, a la hora en que las autoridades de gobierno necesitaban tomar las grandes decisiones, es decir entre las 3.34 horas y las 6 de la mañana, donde se decidía si evacuar o no para un tsunami, Torrente no estaba operando al 100%.

¿Si hubiese estado operando, hubiese servido para anticiparse al maremoto?

Aunque Torrente hubiese estado operando no hubiera servido como herramienta para la toma de decisiones y la comunicación a la población civil para una evacuación por el tsunami, porque no fue diseñado para ese propósito. Se ha insinuado entre líneas que de haberse puesto el sistema a disposición de las autoridades, se podrían haber salvado vidas y haberse tomado mejores decisiones. Eso no es efectivo. Además, la gran mayoría de los regimientos de Santiago hacia el sur tienen sus centros de ejercicios de la panamericana hacia la cordillera. Es decir, no estaban cerca de la costa. Recién en 2011, como experiencia del terremoto, se estableció un protocolo oficial para que el Sistema Torrente funcione 24/7 con operadores permanentes.

Usted dice que Torrente estaba diseñado sólo para los militares. Sin embargo, pudo haber servido para informar a las autoridades políticas.

¡Pero sí se hizo!, obviamente en la medida que fue entrando en operación. Aunque nunca fue una exigencia para el Ejército, y nunca estuvo en un protocolo, se hizo, a pesar de que Torrente no se compró, no se diseñó y no estaba preparado para una emergencia como el terremoto y nunca se nos pidió usarlo desde la Onemi.

Lo que señaló el abogado Fouillioux es que se le ocultó información a Bachelet.

Jamás se le ocultó información, ni al gobierno, ni a la Presidenta. El ministro de Defensa, al igual que el Jefe del Estado Mayor Conjunto, autoridades a cargo del sector defensa para la emergencia, estaban totalmente al día con la situación del Ejército. Además, había un general del Ejército como delegado dentro de la Onemi, ¡¿Dónde está el ocultamiento de información, por Dios?! El Ejército no se restó de nada.

Fouillioux asegura que la Presidenta se enteró cinco días después del 27/F que existía este sistema.

Nunca escuché a la Presidenta decir eso y me gustaría que este tema lo pudiera aclarar el ex ministro Vidal.

¿Pero le informó a la Presidenta cómo estaban las comunicaciones del Ejército?

Hablé con la Presidenta ese día y los días siguientes sobre variados temas, pero no específicamente acerca del Sistema Torrente.

¿Cree que hay una intencionalidad política en las críticas al Ejército?

No lo sé, quisiera pensar que se debe a una total falta de conocimiento sobre los sistemas de comunicaciones del Ejército.

¿Alguna autoridad le reclamó durante esos días por la falta de información por parte de su institución?

No. Pocos días antes de que entregara el mando hubo un par de declaraciones en la prensa referentes a que no habían llegado a tiempo los helicópteros de la Fuerza Aérea, que el Ejército había andado lento, además de las críticas al Shoa, pero jamás, jamás, ni el ministro de Defensa, ni la Presidenta me representaron algún malestar, reproche, molestia o que el Ejército hubiese actuado mal o incorrectamente, y en forma negligente y tardía. Nunca.

¿Le molestan los cuestionamientos?

Que a mí me critiquen no me importa, estamos en democracia. Sí me duele que cuestionen a una institución tan relevante como el Ejército. Si hubiéramos cometido algún error yo le diría "mire, fallamos", pero no es cierto. El Ejército no se equivocó ni ocultó nada al gobierno de Bachelet el 27/F.

En ese momento ya estaba electo el Presidente Piñera. ¿Habló usted en algún minuto con él durante el 27/F?

No, nunca.

El iba a asumir en pocos días ¿No le pidió información?

No.

¿Usted había sido contactado ya por el entonces presidente electo Sebastián Piñera para asumir la subsecretaría de Defensa?

Nunca tuve un contacto con el gobierno en el cual trabajo hoy mientras estuve en servicio activo. Quienes insinúan que hubo tibieza, desgano, falta de empeño o negligencia para enfrentar la emergencia porque el gobierno estaba terminando su período, o porque yo podría haber estado considerado para trabajar en el futuro gobierno, no conocen el Ejército. Hay una frase muy significativa y muy cierta: se puede querer mucho a Chile sin ser militar, pero no se puede ser militar sin querer por sobre todas las cosas a Chile. El Ejército está subordinado a la autoridad política legítimamente elegida, pero por sobre todo sirve al país.

Tras el terremoto usted tuvo roces con la ex Presidenta e incluso trascendió que estuvo en duda que ella participara en el cambio de mando de la institución el 9 de marzo.

Los cambios de mando en el Ejército son actos de carácter nacional. A días del terremoto no era el momento de hacer una ceremonia militar de esas características. Conversé con la Presidenta sobre cómo íbamos a hacer el acto. Dado el contexto que vivíamos, debía ser lo más austero, pero digno y con la presencia de las más altas autoridades de la República. Creo que no es efectivo que la Presidenta haya puesto en duda su presencia. Lo creo así, por que tradicionalmente el único orador en las ceremonias de cambio de mando es el comandante en jefe que se va y, en esta ocasión, la única oradora fue la presidenta tras mi petición. ¿Y sabe lo que dijo? Le dio las gracias al Ejército por lo que había hecho con ocasión del terremoto.

¿Cree haber salido de la institución con una buena relación con Bachelet?

Sí, yo le tengo afecto. Fue una persona muy deferente conmigo y me apoyó permanentemente en mi gestión de mando. Tengo la certeza de que ella también me tiene afecto y aprecio profesional. Entonces, no entiendo qué está detrás de esto.

¿A qué lo atribuye entonces?

No creo que sea una buena defensa frente a la fiscalía politizar la argumentación, pero es una opción del abogado Fouillioux. Quiero creer que él está mal informado, porque lo que hizo el Ejército para el terremoto fue increíble. Mucha gente podrá decir "con su deber no más cumplió". No. Fue mucho más allá de cumplir con su deber.

El ex ministro Bitar mencionó que la tardanza en decretar Estado de Excepción y de que los militares tomaran el control de las calles obedecía al trauma del sector con el mundo uniformado. ¿Habló de esto con la Presidenta Bachelet?

No, este tema no lo conversé con la Presidenta, pero sí con el ministro de Defensa. Le mencioné que nosotros estábamos disponibles y preparados. No eran sólo los saqueos. ¿Usted recuerda cómo mostraban a las personas en los barrios armándose para defenderse? Creo que el decretar un Estado de Excepción Constitucional fue una decisión difícil para la Presidenta. Para nosotros tampoco era sencillo. Hacía 25 años que el Ejército no salía a la calle en una tarea de orden interior. La institución está organizada, equipada y entrenada para combatir. Sin embargo fuimos capaces de tomar el control de toda la zona devastada e imponer el orden sin un solo muerto. Esa fue una hazaña. Curiosamente esto se ha reconocido mucho más en el exterior que en Chile.

¿Cómo coordinó con Bachelet la relación entre los militares y las autoridades civiles?

Ella me representó algunas inquietudes por algunos roces que se producían entre los militares y las autoridades civiles. O descoordinaciones. Conversábamos generalmente en la noche. Ella me decía: "Los militares que están al mando son un poco vehementes en tomar las decisiones". Siempre mi respuesta fue: "Dígame dónde, en qué lugar, y yo voy a constatar si es así o no, pero usted tiene que entender que en situaciones como ésta la única manera de actuar es 'pal frente', porque si empezamos con muchas contemplaciones, no llega la comida, no llega el agua, no llega esto, no llega esto otro. Si todos empiezan a tomar decisiones...". Es que es inamigable el caos que era y el nivel de alteración de la población era muy alto...

¿Estas aprensiones retrasaron una decisión que debió adoptarse antes?

Estoy hablando como ex comandante en jefe, y por lo tanto no quiero pronunciarme sobre ese punto. No me corresponde hacer una crítica al mando político ni a las decisiones que se tomaron.

Usted hoy es una autoridad política. Si hoy se produjera el terremoto en iguales condiciones que ese día, ¿Cuál sería su posición?

Hoy soy una autoridad política y si se repitieran las mismas situaciones y condiciones que generó el terremoto y tsunami del 27/F, aconsejaría al ministro de Defensa que le propusiera al Presidente decretar de inmediato el Estado de Excepción Constitucional correspondiente.


 
 

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Rodrigo González Fernández
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Allamand y el 27-F

Allamand y el 27-F: Los chilenos esperan una autocrítica de la Concertación

El ministro de Defensa cuestionó la estrategia de algunas autoridades de la época que buscan deslindar responsabilidades en las Fuerzas Armadas de lo ocurrido.

Allamand y el 27-F: Los chilenos esperan una autocrítica de la Concertación
Foto: Sebastián Vergara, El Mercurio.

SANTIAGO.- Luego de conocerse que se formalizarán a ocho personas, entre ellos el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, por el caso 27-F, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, espera una autocrítica de la Concertación por lo ocurrido y cuestionó la estrategia utilizada por algunas autoridades de la época que buscan deslindar sus responsabilidades en las Fuerzas Armadas.


En entrevista con "El Mercurio", el secretario de Estado afirmó "a estas alturas los chilenos esperan, como mínimo, una autocrítica de la Concertación (...). En la admisión de los graves errores en que se incurrió durante el período previo, en términos de la organización del país para enfrentar una emergencia, y también de la forma en que se enfrentaron las situaciones simultáneamente e inmediatamente posteriores al 27 de febrero".


En la misma línea, dijo que "las investigaciones, los videos, los testimonios y sin duda el resultado de la investigación judicial han confirmado que se cometieron múltiples y gravísimos errores; que la preparación para la emergencia era precaria; que en los momentos críticos -aquéllos en donde en casos como éstos se salvan o se pierden vidas- imperaba en quienes estaban a cargo y debían tomar decisiones la confusión, el desconcierto y una ostensible falta de conducción".


Además, Allamand estima que hay una estrategia de las autoridades de ese momento que busca culpar a las FF.AA. por lo ocurrido.


"Cualquier persona advierte que hay una línea de defensa de las autoridades de la época que busca deslindar sus responsabilidades y hacerlas recaer en las Fuerzas Armadas, lo que es injusto y además inútil frente a una investigación judicial tan acuciosa", sostuvo.


Armada y su responsabilidad


Respecto a las responsabilidades que le caben a la Armada, el ministro fue claro en señalar que "institucionalmente asumió su responsabilidad por los gravísimos errores del SHOA".


Agregó que "todos los todos los altos mandos de la Marina han colaborado activamente con las investigaciones administrativas, parlamentarias y, por cierto, la judicial llevada adelante por la fiscal (Solange) Huerta. Y lo continuarán haciendo cada vez que sean requeridos".


Respecto a las acusaciones que han realizado políticos de la oposición, quienes han dicho que el Gobierno busca utilizar la investigación judicial con fines políticos en contra de la ex Presidenta, Michelle Bachelet, Allamand señaló que "pocas veces ha quedado tan claro, para quienes han visto el video de la noche en la Onemi, aquello de que 'una imagen vale más que mil palabras'".


"Mi impresión es que la ciudadanía tiene un juicio formado sobre lo ocurrido, y que ninguna campaña a favor o en contra va a alterar esto", sentenció.


Fuente:

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