El gobierno de Perú, con apoyo del bloque legislativo que responde al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), ha desatado una campaña contra las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, afirman activistas y juristas.
Todo empezó el 25 de abril, cuando el Parlamento Europeo rechazó el pedido del bloque del centroderechista Partido Popular Europeo (PPE) de incluir en la lista de organizaciones terroristas al peruano Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por 275 votos en contra, 271 a favor y 16 abstenciones.
El MRTA fue una de las guerrillas que protagonizaron el conflicto interno en Perú (1980-2000).
Ese mismo día, en Lima, el grupo de legisladores fujimoristas sostuvo ante el Congreso que el rechazo del Parlamento Europeo obedeció a una carta remitida el 23 de abril por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) en la que se argumentaba que el marxista leninista MRTA ya no existe.
"¡Traición a la patria!", clamaron los parlamentarios fujimoristas, encabezados por Rolando Sousa, ex abogado del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), enjuiciado ahora por varios crímenes de derechos humanos.
"Esa carta es una demostración de que las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos defienden a los terroristas y agravian a los militares que lucharon contra los grupos terroristas que sembraron la muerte en el país", expresó Sousa.
La carta de Aprodeh, suscrita por sus directivos Francisco Soberón y Miguel Jugo, arguye que "desde hace ocho años no se conocen actividades del MRTA, sus principales dirigentes están en prisión, algunos cumplieron sus penas y decenas se encuentran desvinculados viviendo en muchos lugares del mundo".
En consecuencia, señalaba Aprodeh, afirmar que el MRTA se mantiene en actividad "puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo".
De hecho, la Aprodeh está ejerciendo la defensa de siete peruanos detenidos por la policía antiterrorista cuando regresaban de Quito en febrero, tras participar del II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB).
La delegación peruana estuvo encabezada por Roque Gonzales La Rosa, ex militante del MRTA que cumplió una condena de nueve años de prisión.
Según la Aprodeh, los arrestados son activistas de izquierda y no hay pruebas de que hayan intervenido en acciones terroristas. Pero, para las autoridades judiciales, el MRTA pretende reactivarse mediante organizaciones de fachada como el Capítulo Perú de la CCB, dirigido por Gonzales La Rosa.
El incidente no concluyó porque el bloque fujimorista demandó la presencia del canciller José Antonio García Belaúnde para que explicara por qué el Estado peruano no consiguió que el Parlamento Europeo calificara de terrorista al MRTA.
García Belaúnde aclaró que la propuesta fue iniciativa del PPE, que al parecer había reunido respaldos suficientes hasta que llegó la carta de la Aprodeh.
"Con esa carta se perdió el apoyo decisivo de los socialistas italianos", dijo el canciller.
En medio de destempladas protestas, los 86 legisladores presentes aprobaron una protesta unánime dirigida al Parlamento Europeo y lo exhortaron a reconsiderar el asunto.
Además, el bloque fujimorista solicitó que una comisión parlamentaria investigue las actividades de la Aprodeh, cuyos abogados representan también a los familiares de las 10 víctimas de la matanza de La Cantuta, perpetrada en 1992 y por la cual es enjuiciado Fujimori.
El 27 de abril, el gobierno publicó un decreto supremo que cancela la presencia de 64 ONG como observadoras en el estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos.
El decreto, interpretado por la Aprodeh como una represalia, fue suscrito por el presidente Alan García, por el primer ministro Jorge del Castillo y por la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
A continuación, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que dirige el oficialista Agustín Haya, anunció que iniciaba investigaciones de las actividades de la Aprodeh.
"Lo único que nosotros hicimos fue responder a una solicitud de información de una bancada de parlamentarios europeos y de la organización a la que pertenecemos, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)", explicó a IPS el director de la Aprodeh, Francisco Soberón.
Con o sin misiva, el gobierno iba a desatar una campaña de agravios contra las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, porque ha emprendido una política de represión, opinó.
"La carta sólo es un pretexto porque el tema de fondo es que se pretende utilizar el tema del terrorismo para criminalizar la protesta y la demanda social", argumentó.
"Y los que se han aprovechado de la situación son especialmente los fujimoristas, porque saben que somos los más activos en el juicio contra Fujimori por los crímenes que cometió durante su gobierno. Quieren es satanizarnos, desprestigiarnos y denigrarnos, con la finalidad de someternos a investigaciones penales por presunta apología terrorista, cuando está claro que siempre hemos condenado los actos de Sendero Luminoso y del MRTA", añadió.
Según la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación, las acciones de la insurgencia maoísta de Sendero Luminoso acabaron con 54 por ciento de las 69.280 víctimas, asesinadas o desaparecidas durante el conflicto interno. El resto de los casos fue atribuido a las fuerzas estatales.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Javier Torres, expulsada como observadora del Consejo Nacional de Derechos Humanos, dijo a IPS que el gobierno ha adoptado una posición intolerante.
"La medida es un tanto exagerada por parte del gobierno y esperamos que se rectifique en su decisión, porque el Consejo Nacional es un espacio de diálogo con la sociedad civil en materia de derechos humanos. Vamos a plantear al Ejecutivo que rectifique porque su acción no es saludable para la democracia", afirmó Torres.
Para el ex defensor del Pueblo (ombudsman) Walter Albán, es clara una relación de causa y efecto entre el ataque que recibió la Aprodeh y la decisión del gobierno de sacar a las ONG del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
"En el gobierno hay interpretación desproporcionada de la carta de Aprodeh, para luego intentar generar cuestionamientos a todas las organizaciones de derechos humanos y al tema mismo que implica el trabajo de los derechos humanos en el país", indicó Albán a IPS.
"Lo que está pasando en el Perú será visto con preocupación por la comunidad internacional y en los foros de las Naciones Unidas. No se puede entorpecer la labor de las organizaciones de derechos humanos, sacándolas del Consejo Nacional", agregó.
Este miércoles, parlamentarios fujimoristas y oficialistas promovían la instalación de una comisión investigadora de las ONG defensoras de los derechos humanos.
