| CHILE |
Institucionalidad en derechos humanos
Pascale Bonnefoy. 21 Set, 2006
Organismos de derechos humanos saludan medidas del gobierno aunque resienten el no haber sido consultados.
El Senado se apresta a votar la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), iniciativa presidencial de la que poco se sabe entre las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante los 17 años de dictadura militar que concluyeron en 1990.
Junto a esta iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de agosto, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha declarado el 30 de agosto como Día Nacional del Detenido Desaparecido —en memoria de los casi 1,000 detenidos-desaparecidos durante la dictadura—, y tiene planes de elaborar un Programa Nacional de Derechos Humanos, crear un Defensor del Ciudadano como organismo estatal autónomo, y abrir un Archivo Nacional de la Memoria, aunque este último punto aún no asoma en la agenda pública.
El proyecto de ley que crea el INDH fue ingresado al Congreso en junio del 2005 durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos (2000-2006), siete meses después de que la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada en el 2003, que registró más de 27,000 casos de tortura durante la dictadura militar, recomendara su creación.
Ningún organismo ni dirigente de derechos humanos fue consultado en el diseño del proyecto del Instituto, que se elaboró con total hermetismo y premura dentro del Ministerio del Interior. Sólo una vez ingresado a la Cámara de Diputados, las agrupaciones se enteraron de sus detalles, y algunas organizaciones pudieron presentar sus observaciones.
El INDH, concebido como corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá como misión "proteger y promover los derechos humanos establecidos en los tratados y convenciones internacionales ratificados por Chile, y aquellos que emanan del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario Internacional".
Además, deberá promover la educación en derechos humanos, ser depositario de los archivos confidenciales generados por las dos comisiones oficiales que registraron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, e informar sobre la situación de derechos humanos a los tres poderes del Estado, a las organizaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Memoria histórica
El INDH también deberá impulsar acciones culturales y simbólicas destinadas a "preservar la memoria histórica".
En la comunidad de derechos humanos, lo que predomina es el desconocimiento sobre las funciones específicas del instituto, mientras que la prensa nacional apenas se ha percatado de su existencia. De todos modos, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos lo apoya en términos generales.
"Tal como está el proyecto, nos satisface. Fueron acogidas todas nuestras indicaciones en el proyecto de ley, y fue aprobado con votos de la derecha en la Cámara, lo cual nos da esperanza de que también sea aprobado en el Senado", dijo Viviana Díaz, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Según la ley, la dirección del instituto estará compuesta por dos consejeros nombrados por el presidente, uno por el Senado, otro por diputados, uno por los decanos de las facultades de derecho, y dos por las organizaciones de derechos humanos. Un Consejo Consultivo Nacional reunirá a representantes de todos los organismos sociales y académicos dedicados a los derechos humanos.
"El instituto será el canalizador de temas pendientes y emergentes, y tendrá que rendir cuenta ante los organismos internacionales. Si se incorporan efectivamente a miembros de organizaciones de derechos humanos, podría constituirse en una interesante contraparte estatal ante la comunidad internacional", señaló Juanita Aguilera, dirigenta de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), constituida en el 2001 por organismos de derechos humanos.
En su articulado más controvertido, el Instituto tendrá el deber de ejercer acciones legales respecto de crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, y promover acciones para determinar el paradero y circunstancias de desaparición o muerte de los casi 1,000 detenidos-desaparecidos de la dictadura. Además, deberá hacerse parte o coadyuvar en los procesos judiciales sobre los desaparecidos, tarea que actualmente cumple el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, cuyas funciones serán asumidas por el INDH.
Demasiadas atribuciones
Sebastián Cox, secretario general del Capítulo Chileno del Ombudsman, creado en 1985 para promover la instauración de una Defensoría del Pueblo, aplaude la iniciativa, pero teme que se le otorguen facultades que son propias de un Ombudsman.
"El Instituto es una ensalada mixta, tiene demasiadas atribuciones, algunas de ellas espectaculares. Pero ejercer acciones legales es propio de una Defensoría del Pueblo. Ambas instituciones son necesarias, pero se deben definir mucho más claramente sus atribuciones", dijo.
Una reforma constitucional que crearía el Defensor del Ciudadano —nombre desafortunado, según Cox, ya que el concepto de "ciudadanía" excluiría a menores de edad, convictos e inmigrantes— duerme profundamente en el Senado desde su ingreso en diciembre del 2003. Dos iniciativas similares anteriores, en 1991 y 1997, jamás fueron analizadas por los legisladores.
En los últimos años, mucha agua ha corrido bajo el puente en cuanto a avances en la justicia, la democratización del Estado y la cada vez más fuerte institucionalidad en derechos humanos; sin embargo, falta otro tanto.
Sigue vigente la Ley de Amnistía que cubre violaciones a los derechos humanos entre 1973-1978; la justicia militar aún interviene en juicios de derechos humanos, y el máximo responsable de los crímenes, el ex dictador Augusto Pinochet, sigue libre y sin condena, a pesar de los procesos por violaciones a los derechos humanos y corrupción abiertos contra él.
Tampoco se han ratificado una serie de instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, como es el Tribunal Penal Internacional, cuya ratificación se encuentra estancada en el Senado debido principalmente a las presiones de EEUU.
RODRIGO GONZALEZ FERNADEZ
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