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jueves, abril 03, 2008

¡PENSION ANTICIPADA!

  Correa Bull y Cía. Ltda.

   www.ze.cl/maspension                        ASESORIA PREVISIONAL PARA PENSIONARSE



Pensión anticipada
Los hombres que no tenían 65 años y las mujeres que no tenían 50 años el 14 de Agosto de 2004, el subieron los requisitos para las pensiones anticipadas. Tienen posibilidades las personas que anterior- mente tuvieron buenas cotizaciones, que tienen un buen capital y que en los últimos 10 años no han hecho imposiciones, que han hecho pocas o que han hecho imposi-
ciones por el mínimo, como también personas que han cotizado con un buen APV y los bonos los convirtieron en Depósitos Convenidos.

Objetivos
Recuperar el dinero de su AFP; Mantener su actual standard de vida; Vivir mucho más tranquilo; Comenzar una nueva actividad o negocio. Comprar otra propiedad; Irse a vivir a la playa, al norte, al sur, a la cordillera, o irse a otro país; Viajar, leer, dormir, vivir en paz, entretenerse, dedicarse a su hobbie o hacer cosas que siempre ha soñado; Pagar sus créditos o ayudar en la universidad de sus hijos o nietos. Vivir lo mejor posible la edad de oro.

Si es mujer y va a complir 60 años y si es hombre y va a cumplir 65 años se podrá pensionar sin problemas.

Para obtener los beneficios de su pensión contáctese oportunamente con Luis Fernando Correa, Corredor de Seguros y representante legal de Correa Bull y Compañía Corredores de Seguros. Teléfonos 09-93402000 y 02-4945500 Email: luisfdo.correa@vtr.net Messenger: lfcorrear@hormail.com Web: www.ze.cl/maspension

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 28 b) de la Ley Nº 19.496 , Toda comunicación promocional o publicitaria enviada por correo electrónico deberá indicar la materia o asunto sobre el que versa, la identidad del remitente y contener una dirección valida a la que el destinatario pueda solicitar la suspensión de los envíos. El que escribe estas palabras es una persona que respeta sus derechos. Si desea ser quitado de la lista de distribución por favor solicítelo a: lfcr_@vtr.net  *  Muchas gracias.

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Proyecto clave de la Agenda de Transparencia se tramitó cuatro años:

Proyecto clave de la Agenda de Transparencia se tramitó cuatro años: Congreso despachó ley que regulará las acciones de lobby
La promoción de intereses pasará a ser actividad profesional y remunerada.
 
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CLAUDIO SALINAS

Después de más de cuatro años de tramitación parlamentaria, el Senado despachó ayer a ley el proyecto que regulará el lobby, uno de los pilares de la Agenda de Transparencia.

Esta normativa le dará carácter profesional y remunerado a la actividad de personas o entidades que promuevan o representen intereses ante las autoridades del Gobierno y del Poder Legislativo, junto con establecer obligaciones a ambas partes y sanciones en caso de incumplimiento.

El ministro José Antonio Viera-Gallo dijo que esta nueva legislación "es una barrera más para quien quiera hacer tráfico indebido de influencias", tras recordar que la encuesta Adimark conocida ayer revela una alta preocupación ciudadana por la corrupción.

Junto con la apertura de un registro de lobbistas, la ley obligará a las autoridades y parlamentarios a hacer públicas las audiencias y reuniones que tengan con diversos sectores, indicando fecha y materia abordada.

El cuerpo legal consta de 23 artículos permanentes y dos transitorios, y tuvo su origen en un proyecto presentado a fines de 2003 por el gobierno del Presidente Lagos, recogiendo a su vez una serie de mociones de diputados de la Alianza y de la Concertación.

En su último trámite, el Senado lo aprobó por 28 votos a favor y las abstenciones de los senadores Nelson Ávila (PRSD) y Mariano Ruiz-Esquide (DC).

La figura legal del lobby es propia del derecho anglosajón y fue Estados Unidos el primer país en regularlo, en 1946. En la Unión Europea existen normas desde los años noventa, igual que en el Reino Unido. En América Latina no existe legislación.

Esta iniciativa, junto a las de acceso a información y protección al denunciante, es la tercera ley de la Agenda de Probidad.

Las exigencias de la nueva normativa

-¿Cómo se define legalmente el lobby?

La ley establece que el lobby es la actividad remunerada que tiene por fin promover, defender o representar intereses de personas o entidades privadas o públicas, y que ejercen personas naturales o jurídicas ante miembros del Gobierno, el Parlamento y empresas estatales, así como sus jefes de gabinete o asesores.

-¿Quiénes quedan expresamente excluidos de la categoría de lobbistas?

La ley exime de la obligación de registrarse como lobbistas a los miembros de directivas de organizaciones gremiales, sindicatos, ONGs, fundaciones, centros de estudio, y colegios profesionales. También no considera como tal a los representantes legales, directores, gerentes y abogados de personas jurídicas que persigan fines de lucro.

-¿Qué obligaciones tendrán los lobbistas y quienes los contraten?

Todas las personas que ejerzan esta actividad deberán inscribirse obligatoriamente en un registro público de lobbistas, uno de los cuales estará a cargo del Ministerio de Justicia y otros dos de las comisiones de ética de ambas cámaras del Congreso. Asimismo, quien contrate los servicios de un lobbista deberá informarlo en sus sitios electrónicos y a las autoridades encargadas de los registros.

-¿Qué sanciones se establecen a los infractores de dichas obligaciones?

Las personas que ejerzan actividades de lobby sin estar inscritas en el debido registro, o después de haber sido eliminados del mismo, serán objeto de multas que van de 100 a 200 unidades tributarias mensuales ($3.480.400 a $6.960.800). Quienes contraten servicios de lobbistas y no informen de ello serán multados por montos de 10 a 100 UTM ($348.040 a $3.480.400).

-¿Qué actividades no constituyen lobby?

Entre otras, discursos, artículos destinados a difundir información ciudadana, manifestaciones en una asamblea pública, las informaciones a una comisión del Congreso.

La evaluación de los especialistas

Davor Harasic, Pdte. Chile Transparente

"Es un avance contar con una regulación, pero la definición de lobbista es muy restringida y excluirá a importantes sectores que en la práctica realizan estas actividades".

Felipe del Solar, Agencia de Probidad

"Este es un tercer hito fundamental de la agenda de probidad, después de la ley de protección al denunciante y la de acceso a información pública".

Rafael Blanco, ex Agencia de Probidad

"Esta ley transparenta los circuitos de influencia sobre la autoridad y da igualdad de oportunidades a todos quienes busquen influir en sus decisiones".

Jorge Burgos, diputado, autor del texto

"Por fin logramos regular esta materia. Puede ser mejorada y los medios de comunicación serán claves en el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de la ley".
Consulten, opinen y escriban
Saludos
Rodrigo González Fernández
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Acoso a los «emos»

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Acoso a los «emos»

Acoso a los «emos»
EFE. Adolescentes «emos» participan en una manifestación a favor de la tolerancia en la capital mexicana
Una imprevista explosión de violencia urbana ha venido a eclipsar el anunciado estallido callejero -que alienta la izquierda radical- en contra de la paralizada reforma petrolera: la caza de «emos» por parte de tribus urbanas rivales. Los gobiernos estatales, el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han manifestado su preocupación ante los episodios de agresión, discriminación y violación de garantías individuales contra estos adolescentes ocurridos en distintas ciudades del país.
Con su extrema y andrógina delgadez, flequillos que les cubren media cara, labios pintados, ojos perfilados con rímel y vestimentas de color negro y rosa, los «emos» se han convertido en blanco de «punkies», «siniestros» (o «darks», o «góticos», como se les conoce por estos pagos) y otras bandas, que los rechazan por su presunta homosexualidad y los acusan de copiar su estilo e ideología. Los «emos» presentan un aspecto lánguido y deprimido, y casi la mitad de ellos -según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México- albergan tendencias suicidas que revelan al producirse cortes en la piel.
La CNDH sostiene que estas agresiones revisten especial gravedad, pues violentan los derechos de igualdad y de no discriminación y las libertades de expresión, asociación y reunión garantizados por la Constitución. Por tanto, el organismo trabajará de manera conjunta con los estamentos defensores de derechos humanos de los 32 Estados del país, ya que «este asunto incide en la opinión pública nacional y trasciende el interés de las entidades federativas». La Comisión ha hecho un llamamiento a la tolerancia y exhorta a los funcionarios a velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales y los acuerdos internacionales, para que se respeten las diferentes expresiones sociales.
En las últimas semanas se han registrado actos vandálicos contra los «emos» en puntos tan distantes como Puebla, Querétaro, Oaxaca o el Distrito Federal. Entre los hechos investigados, mayor gravedad ofrecen las agresiones protagonizadas por elementos policiales en los Estados de Durango y Guanajuato y, en particular, las manifestaciones del alcalde de Celaya, reclamando a los «emos» que se retiraran del Centro Histórico «porque dan mal ejemplo». En Oaxaca, los diputados locales -denuncia la CNDH- alentaron la puesta en marcha de comités municipales de la juventud para evitar la formación de las denominadas «tribus urbanas, como los «emos» o «punketos»».
Medidas preventivas
El Gobierno federal también se ha interesado por el problema, y el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Gilberto Rincón, ha pedido a los entes locales que implementen medidas preventivas para proteger a los «emos». Rincón destacó las acciones emprendidas por el Gobierno de la Ciudad de México para promover la tolerancia y la reconciliación entre estas bandas juveniles.
Las autoridades del D.F. convocaron a una cumbre a todas las tribus y organizaciones ciudadanas para poner fin al ambiente de intolerancia que se vive en la ciudad. La reunión no debió de lograr mucho más que unas «chelas» (cervezas) gratis para la chavalería, pues este fin de semana se repetían los incidentes durante una manifestación celebrada en el tianguis (mercadillo, rastro) del Chopo, donde desde hace décadas confluyen toda clase de tipos urbanos. Así las cosas, la habitual reunión de «emos» que se congregan cada sábado en la céntrica Glorieta de Insurgentes tiene ahora como invitados a centenares de agentes de la policía, emplazados con fines disuasorios.
La violencia urbana ha eclipsado el estallido callejero de la izquierda radical contra la reforma petrolera
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Rodrigo González Fernández
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=?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= La administración pública necesita una inyección urgente de Responsabilidad Social

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  Y LOBBY

La administración pública necesita una inyección urgente de Responsabilidad Social

Entre los aspectos que nos preocupan de la Responsabilidad Social de la administración pública (RSA) queremos destacar dos: la interferencia de los intereses políticos y la interferencia de los intereses empresariales.

Interferencia de los intereses políticos, entendido en el sentido de los intereses partidistas en el sentido más corporativo y peyorativo. Un ejemplo lo tenemos estos días en Catalunya con la cuestión del trasvase de agua entre ríos. El partido que más claramente se había posicionado contra los trasvases en la que fué una de las principales claves de la campaña electoral, ahora promueve uno, y el paroxismo llega a límites bien grotescos, como podemos captar de la noticia del Periódico que reproducimos:

Baltasar cree que se debe inventar un término que defina la"captación". "No me
vale la prueba del diccionario, el del Segre no es un trasvase". Así de rotundo
se mostró el conseller Francesc Baltasar acerca de la polémica sobre la
terminología a usar para definir el plan de Medi Ambient."Los diccionarios se
amoldan a los usos, y como no hay precedentes de una captación provisional, no
existe aún una palabra que la defina. Los diccionarios van por detrás de la
imaginación", sentenció ante decenas de estupefactos periodistas. "Estoy seguro
de que ustedes los periodistas encontrarán el término", dijo Baltasar sin caer
en la cuenta de que, muchas veces, estas expresiones van ligadas al apellido de
quien innova. (Por suerte, la academia catalana de la lengua -IEC- le enmendó
rápidamente para que dejara de hacer malabares lingüísticos)


Interferencia de los intereses empresariales, ante los cuales la política no sabe o no quiere poner un freno razonable de acuerdo con el interés público y con la mínima ética necesaria. Un ejemplo interesante es sobre las farmacéuticas y en concreto recomendamos la lectura de la carta de protesta que un campesino envió a la consejera de Salud del Gobierno catalán:


Soy Josep Pàmies, labrador de Balaguer, miembro de Slow Food y Assemblea Pagesa de Catalunya, entidades preocupadas por la alimentación como fuente de salud. Sé que es difícil que esta carta llegue a sus manos, pero espero que la persona o personas que filtran su correspondencia entiendan los motivos que me traen a intentarlo. A nivel personal desde hace un montón de años intento recuperar para la alimentación humana toda una serie de plantas mal denominadas malezas todas ellas con una u otra propiedad preventiva de enfermedades. He podido introducir al mercado con mucha dificultad nuevas ensaladas provenientes de estas "malezas" que hasta hace una década yo mismo eliminaba con herbicidas, dada la formación química de producción agrícola que había recibido. Sería muy largo de explicar, pero he podido hacer estos últimos años una reconversión de mi manera de producir alimentos, hacia una forma más segura para la sociedad, sin tanto arsenal químico del que todavía hoy los labradores tenemos al alcance. Descubrir a los 59 años el engaño de la industria de los fitosanitarios agrarios, íntimamente atada a la industria farmacéutica, descubrir a mi edad que he colaborado, seguramente, a que las enfermedades crónicas de la sociedad hayan aumentado de la forma que lo están haciendo, en buena parte debido a una alimentación tan llena de residuos pesticides, antibióticos, hormonas, etc. [continuar leyendo]
Para luchar contra estas dos perversiones hace falta un fortalecimiento de la ciudadanía (empoderamiento) y hacen falta herramientas específicas. Para el primero de los problemas planteados, encuentro como modelo interesante hacer un seguimiento de las promesas electorales.

Campanya "Adopta una promesa". La campaña "Adopta una promesa (políticos:
¡cumplid o marchaos!)" quiere hacer un seguimiento del cumplimiento de las
promesas de diferentes instituciones en el ámbito de Cataluña, en prioridad las
relacionadas con la gestión de la Generalitat (Gobierno de Catalunya). Está
abierta a cualquier persona interesada, a la cual se pide que informe sobre el
cumplimiento o incumplimiento de al menos una de las promesas del "documento
programático" de la 'Entesa Nacional de Progrés' durante la legislatura
2006-2010. Entrar en la web:
http://adoptaunapromesa.respolis.cat

No es garantía de nada, pero la ciudadanía tiene que actuar, y especialmente si tenemos en cuenta la actitud generalmente acomplejada o interesada del periodismo.

Para el segundo problema, la interferencia de los intereses empresariales, hacen falta mecanismos más complejos, ya que no se trata tanto de medir una promesa electoral sino cómo el interés público se somete al interés empresarial sin ningún tipo de transparencia ni capacidad de análisis. Al lado de una mayor demanda de Responsabilidad Social de las Empresas, el sector público tiene que sentir la presión ciudadana en la capacidad de medir la influencia de los lobbies de presión.

Seguramente el aumento de la conciencia social sobre estos abusos tendría que facilitar una mayor presión encima de la clase política y el sector público en general a fin de que tengan que demostrar la limpieza ética de las decisiones que se toman. Hace años las ONGs triunfaron en los objetivos de sensibilizar en materia ambiental. La incorporación de la transparencia y la capacidad de dar respuesta dentro del sector público en los temas importantes de veras es ahora el gran reto pendiente mientras hacen medidas de distracción con eso que denominan la participación ciudadana.
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Rodrigo González Fernández
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INVITACION A SEMINARIO - TALLER DEFENSORIA DE LAS PERSONAS EN CHILE, AHORA SI

 

SEMINARIO TALLER

DEFENSORIA DE LAS PERSONAS EN CHILE,

invitación

ENTRADA GRATUITA PREVIA INSCRIPCION.


BAJE TARJETA DE INVITACION AQUÍ

El proyecto de reforma constitucional que crea la Defensoría de las Personas (ombudsman) ha iniciado su tramitación en la Cámara de Diputados, lo que ha motivado a instituciones nacionales e internacionales a organizar el Seminario-taller del título indicado, el que tendrá lugar los días lunes 14 (tarde) y martes 15 de Abril de 2008, en el Edificio Carrera, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Teatinos 180, piso 2, Santiago.

El Capítulo Chileno del Ombudsman conjuntamente con la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (con la colaboración de ASDI) y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman tienen el agrado de invitar a esta actividad.

En el Seminario-taller se considerarán experiencias internacionales de ombudsman y lineamientos para la creación de la figura en Chile. En cuatro talleres se analizará participativamente los principales contenidos del proyecto legislativo.

Patrocinan:

  • Ministerio Secretaría General de la Presidencia
  • Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
  • Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
  • División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno
  • Red Ciudadana contra los Abusos de Poder
  • Red Nacional de Acceso a la Justicia

Santiago, Marzo-Abril de 200

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ARGENTINA: Defensoría del Pueblo de la Nación. 
Denuncian que las empresas no hacen descuentos a estudiantes
 
 
Una resolución obliga a cobrarles un 20 por ciento menos en los boletos. Sin embargo, la secretaría debe emitir una resolución para ratificar la disposición que autorizó el descuento en 1972
 
 
Empresas de ómnibus de larga distancia se niegan a conceder un descuento de 20 por ciento en los boletos adquiridos por "estudiantes secundarios, universitarios y personal docente", contra lo que exige una resolución, denunció hoy la Defensoría del Pueblo de la Nación. 

En ese sentido, el organismo responsabilizó a la Secretaría de Transporte por la presunta irregularidad, mientras voceros de esa dependencia argumentaron que la "aplicación del beneficio debe ser verificada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de Argentina (CNRT)".

Por su parte, fuentes de la Defensoría del Pueblo de la Nación dijeron a esta agencia que la secretaría debe emitir una resolución para ratificar la disposición que autorizó el descuento en 1972.  

Asimismo, resaltó que la CNRT solicitó una acción en el mismo sentido en 2005, porque "el decreto 2407/02 declaró en emergencia económica al sector y facilitó irregularidades en los últimos años".

Por su parte, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, efectuó hoy un segundo reclamo en ese sentido, para que se "efectivicen, inmediatamente, los descuentos a estudiantes secundarios, universitarios y personal docente" en el boleto de las líneas de transporte de larga distancia.  

Mondino, en declaraciones a esta agencia, aseguró que recibió múltiples denuncias sobre la falta de cumplimiento de la Resolución 103/72, en cuyo artículo 3 se establece un descuento de 20 por ciento en el pasaje para los viajes en ómnibus "interurbanos".  

Esta normativa, de 1972, fue establecida cuando existía una tarifa única de los servicios del sector, pero el decreto 2.407 declaró en 2002 la "emergencia económica" e instauró "bandas tarifarias" que, a criterio de las empresas, generaron una disyuntiva sobre el monto para aplicar el descuento.

En octubre, el ombudsman nacional reclamó a la Secretaría de Transporte que determinara de manera inmediata las tarifas sobre las que se debe aplicar el beneficio, pero hasta hoy no estableció un criterio para tal fin, dijo Mondino.  

"La demora en la resolución de este reclamo por parte de Transporte genera perjuicios a los usuarios, quienes no sólo se ven privados del derecho a la información y a obtener adecuada respuesta a sus reclamos, sino que son burlados con información que no es fidedigna", opinó el Defensor del Pueblo de la Nación.

Por último, consideró que "con esta actitud dilatoria no se protege el derecho constitucional de los usuarios, sino que, además, se encuentra ausente todo procedimiento eficaz para la solución de los problemas que los ciudadanos plantean".
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