| QUÉ HAY DETRÁS DEL PROYECTO DE PARTICIPACIÓN |
| Columna de Miguel Santibáñez, Presidente de la Asociación Chilena de ONGs Acción, publicada en Diario La Nación. |
| El proyecto de ley de Participación Ciudadana que reanudará su debate en el Congreso nos sitúa en la discusión sobre la densidad y calidad de nuestra democracia, también enlazada con requisitos constitucionales y de régimen electoral básicos pero omitidos en nuestras leyes. Las aspiraciones de mayor democratización y apertura de espacios han sido relegadas por la clase política, dejándonos con una democracia que carece de la densidad y el espesor republicano que demanda la sociedad. Algunas señales construidas desde el Gobierno para resolver la tensión -con un acercamiento a las sensibilidades ciudadanas- han revitalizado las expectativas de avanzar hacia una democracia más dialogante. Para mala fortuna, ha habido una reacción de la clase política ante el discurso más ciudadano y menos tradicional de la Presidenta. Se ha planteado tendenciosamente una disyuntiva falaz: democracia representativa versus democracia participativa, cuando ambas se complementan. La primera se enriquecerá y fortalecerá al incluir herramientas más vinculantes y en diálogo con las aspiraciones y necesidades ciudadanas. Si bien es imprescindible tener un sistema institucional sólido, corresponde generar las condiciones para que la ciudadanía entienda en los asuntos públicos. El interés por la política y la aporte ciudadana no es un monopolio del mercado ni del sistema político institucional. En esos términos, y avanzando en una visión general, entendemos que ésta no puede reducirse a las fórmulas de un solo proyecto de ley. Más que “un” proyecto que busque inútilmente reunir el principio y la praxis social de la participación ciudadana, requerimos de un proyecto político que contenga un bloque normativo e institucional para establecer canales que aseguren la consideración de las demandas de la población. Eso implica impulsar un paquete diverso de reformas que se discutan y tramiten de manera paralela. Algunos aspectos que debe incluir una iniciativa en favor de la consideración ciudadana apuntan, primero, a un ambiente de reconocimiento y protección de los derechos que son reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Eso implica una jurisdicción institucional al alcance de los ciudadanos para reclamar y proteger sus derechos; que se cree la Defensoría del Pueblo o del Ciudadano; que se establezca una garantía de información ciudadana contra el secreto administrativo en la definición de planes y políticas y la designación de funcionarios públicos, y también garantías efectivas contra todo tipo de discriminación. Se requieren también mecanismos de fiscalización sobre las conductas pública y funcionaria de las autoridades y los servidores públicos; de lobbistas y conglomerados corporativos empresariales, religiosos y de cualquier otro tipo. Se debe dar urgencia a proyectos de reforma constitucional que establezcan la iniciativa popular de ley; la revocatoria del mandato de los cargos de elección popular y el referéndum, plebiscito y consulta ciudadana en asuntos clave.Otro elemento coadyuvante se refiere a la urgente democracia territorial y regional. Esto tiene que expresarse en la democratización efectiva de regiones, provincias y municipios, así como en la incoportación de prácticas de presupuestos participativos. Es fundamental permitir la inclusión deliberativa de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, haciéndolas parte de mecanismos más diversos de financiamiento del desarrollo. Es coherente con la participación abrir el debate sobre la estructuración del gasto y la inversión pública, así como en las distintas fases de la ejecución presupuestaria. Debido a esta descripción, resulta inexplicable la ausencia en esta iniciativa en las propuestas constitucionales de democracia participativa, esperables en un proyecto de esta naturaleza y ofrecidas dentro el programa y del discurso del pasado Gobierno y del actualmente en ejercicio. Incluir las normas y las instituciones de la democracia participativa en la Constitución sería una señal poderosa de la voluntad de cambio constitucional y del mejoramiento de la calidad de la democracia, dos tareas que aún se encuentran pendientes en Chile. |
| Publicada el Thursday, September 07, 2006 Alicia Sánchez Periodista |
