participacion ciudadana desde ONG accion

QUÉ HAY DETRÁS DEL PROYECTO DE PARTICIPACIÓN

Columna de Miguel Santibáñez, Presidente de la Asociación Chilena de ONGs Acción, publicada en Diario La Nación.

El proyecto de ley de Participación Ciudadana que reanudará su debate en el Congreso nos sitúa en la discusión sobre la densidad y calidad de nuestra democracia, también enlazada con requisitos constitucionales y de régimen electoral básicos pero omitidos en nuestras leyes. Las aspiraciones de mayor democratización y apertura de espacios han sido relegadas por la clase política, dejándonos con una democracia que carece de la densidad y el espesor republicano que demanda la sociedad. Algunas señales construidas desde el Gobierno para resolver la tensión -con un acercamiento a las sensibilidades ciudadanas- han revitalizado las expectativas de avanzar hacia una democracia más dialogante. Para mala fortuna, ha habido una reacción de la clase política ante el discurso más ciudadano y menos tradicional de la Presidenta. Se ha planteado tendenciosamente una disyuntiva falaz: democracia representativa versus democracia participativa, cuando ambas se complementan. La primera se enriquecerá y fortalecerá al incluir herramientas más vinculantes y en diálogo con las aspiraciones y necesidades ciudadanas. Si bien es imprescindible tener un sistema institucional sólido, corresponde generar las condiciones para que la ciudadanía entienda en los asuntos públicos. El interés por la política y la aporte ciudadana no es un monopolio del mercado ni del sistema político institucional. En esos términos, y avanzando en una visión general, entendemos que ésta no puede reducirse a las fórmulas de un solo proyecto de ley. Más que “un” proyecto que busque inútilmente reunir el principio y la praxis social de la participación ciudadana, requerimos de un proyecto político que contenga un bloque normativo e institucional para establecer canales que aseguren la consideración de las demandas de la población. Eso implica impulsar un paquete diverso de reformas que se discutan y tramiten de manera paralela. Algunos aspectos que debe incluir una iniciativa en favor de la consideración ciudadana apuntan, primero, a un ambiente de reconocimiento y protección de los derechos que son reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Eso implica una jurisdicción institucional al alcance de los ciudadanos para reclamar y proteger sus derechos; que se cree la Defensoría del Pueblo o del Ciudadano; que se establezca una garantía de información ciudadana contra el secreto administrativo en la definición de planes y políticas y la designación de funcionarios públicos, y también garantías efectivas contra todo tipo de discriminación. Se requieren también mecanismos de fiscalización sobre las conductas pública y funcionaria de las autoridades y los servidores públicos; de lobbistas y conglomerados corporativos empresariales, religiosos y de cualquier otro tipo. Se debe dar urgencia a proyectos de reforma constitucional que establezcan la iniciativa popular de ley; la revocatoria del mandato de los cargos de elección popular y el referéndum, plebiscito y consulta ciudadana en asuntos clave.Otro elemento coadyuvante se refiere a la urgente democracia territorial y regional. Esto tiene que expresarse en la democratización efectiva de regiones, provincias y municipios, así como en la incoportación de prácticas de presupuestos participativos. Es fundamental permitir la inclusión deliberativa de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, haciéndolas parte de mecanismos más diversos de financiamiento del desarrollo. Es coherente con la participación abrir el debate sobre la estructuración del gasto y la inversión pública, así como en las distintas fases de la ejecución presupuestaria. Debido a esta descripción, resulta inexplicable la ausencia en esta iniciativa en las propuestas constitucionales de democracia participativa, esperables en un proyecto de esta naturaleza y ofrecidas dentro el programa y del discurso del pasado Gobierno y del actualmente en ejercicio. Incluir las normas y las instituciones de la democracia participativa en la Constitución sería una señal poderosa de la voluntad de cambio constitucional y del mejoramiento de la calidad de la democracia, dos tareas que aún se encuentran pendientes en Chile.

Publicada el Thursday, September 07, 2006 Alicia Sánchez Periodista