La inoperancia de los aparatos estatales de salud en el caso SIDA de Iquique han llegado al limite y la Ministra del ramo no solo debe enfrentar una acusación Constitucional sino que responder administrativa y penalmente.
Se ha puesto en riesgo la salud y la vida de las personas y con eso no juega por más que el gobierno de la concertación intente bajar el perfil mediante "declaraciones de niños" ante la gravedad de los hechos, cuestión que indigna a la población.
Saludos
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en RSE de la ONU
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