Proyecto sanciona con cárcel a candidatos que adulteren datos de campañas electorales
Proyecto de la Agenda de Probidad se tramita en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional.
El texto (Boletín 4724), ingresado a la Cámara en diciembre pasado, modifica la Ley 19.884, sobre Transparencia, Límites y Control de los Gastos Electorales.
Al respecto, señala que los candidatos y los partidos políticos serán solidariamente responsables en el pago de multas y sanciones que se les apliquen por contravenir las nuevas normas.
El proyecto establece normas contra la intervención electoral y fomenta la transparencia y calidad de la política. Sanciona con el pago de multas y penas de cárcel, de 61 días hasta 5 años, a los candidatos que cometan infracciones a la fe pública o el patrimonio fiscal.
Entre estas faltas figuran presentar cuentas de ingresos y gastos maliciosamente falsas; justificar ingresos o gastos de campaña con antecedentes o documentos falsificados o adulterados; utilizar dichos documentos o antecedentes falsificados con el objeto de obtener subsidios públicos indebidos; suministrar o confeccionar antecedentes o documentos falsificados o adulterados; y ocultar parte de los gastos electorales que se hayan realizado.
En todos estos casos, los candidatos y partidos políticos que se hubieren beneficiado, sin culpa, de los delitos anteriores, deberán restituir los aportes públicos indebidamente percibidos, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que rechazó la cuenta respectiva.
La iniciativa legal extiende el período de responsabilidad de los Administradores Electorales y de los Administradores Generales Electorales hasta 30 días después de que la cuenta quede definitivamente aprobada o rechazada.
La iniciativa legal señala que cada candidato y partido político mantendrán una cuenta corriente en la que deberán depositarse todos los aportes que reciban, con cargo a la cual se pagarán todos los gastos, mediante cheques nominativos o transferencias electrónicas.
La futura ley establece un Registro de Proveedores, en el que deberán inscribirse todos quienes presten servicios o suministren bienes a los candidatos y partidos políticos durante el período de campaña
Jueves 23 de agosto de 2007
Rodrigo González Fernández
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