Ignacio Illanes, Director Programa Sociedad y Política de LyD:
"CUANDO LAS REGULACIONES SON EXCESIVAS
SE USAN CAMINOS CORRUPTOS"
(Fuente: Revista Libertad y Desarrollo Noviembre, N° 169 )
Tras los últimos escándalos de corrupción conocidos por la opinión pública, gran parte del debate se ha centrado en sus consecuencias políticas, olvidando que este tema tan importante para el desarrollo democrático del país, debe también ser abordado desde el punto de vista de las políticas públicas.
Ignacio Illanes, Director del Programa Sociedad y Política de LyD, es de aquellos que analizan la transparencia y la corrupción como un objeto de estudio. Hace un año tomó a su cargo la investigación en esta materia y en este tiempo, a través de la elaboración de la encuesta anual de LyD, que analiza percepción y hechos ocurridos en el mundo empresarial, además de otras múltiples investigaciones, ha logrado conocer de cerca la evolución de este fenómeno en Chile, formarse una opinión bastante crítica del la forma en que los Gobiernos de la Concertación han abordado este tema y sobre todo formular propuestas que erradiquen la opacidad de los actos del Estado.
En materia de políticas públicas...¿cómo deben enfocarse los últimos casos de corrupción conocidos?
Yo creo que lo clave es mucha convicción en la investigación de lo ocurrido, trasparencia hacia la opinión pública (que merece una explicación), y cambios profundos en una serie de áreas que han demostrado favorecer la corrupción.
Sobre lo primero, creo importante señalar que las investigaciones no sólo dependen de las instancias judiciales. Sin duda hay aquí responsabilidades políticas, por cuanto no se cumplió con la propia normativa interna de Chiledeportes en cuanto a asignar la mayor parte de los recursos por concurso público, y no por asignación directa como se hizo. De ahí en adelante hay mucho que investigar y sería un error de las autoridades creer que esto solo depende de los fiscales y jueces. Aquí está en juego la credibilidad de un programa y las políticas hacia el deporte, por lo que también debe ser interés de las autoridades entender lo que pasó.
En segundo lugar, me parece fundamental actuar con mucha trasparencia hacia la opinión pública. De lo contrario, no se termina de transmitir una señal de dureza contra la corrupción y de dedicación y compromiso hacia la opinión pública. Que se hable de comisiones "secretas", por ejemplo, no me parece el camino acertado cuando se trata de problemas que surgen justamente por la falta de transparencia.
Finalmente, lo más relevante de todo es preguntarnos qué debemos hacer para evitar que esto vuelva a repetirse. Qué reformas hay que llevar adelante para librar a Chile del germen de corrupción que empieza a asomarse.
¿ Cuáles son las propuestas de LyD en este sentido?
Me parece que la explicación va por dos caminos: uno es disminuir la cantidad de regulaciones, de barreras que las personas y las empresas deben sortear cuando quieren realizar una actividad. Cuando la barreras son excesivas, la forma de sortearlas es usando caminos incorrectos, corruptos. La primero que se necesitan entonces es eliminar una serie de trabas que hoy afectan a los chilenos y que lentamente han ido promoviendo la aparición de conductas corruptas. Y lo segundo, es evitar los poderes discrecionales en un cúmulo de autoridades, que unilateralmente deciden a quién dan un beneficio.
Mucho mejor es tener sistemas de reglas objetivas, de manera que quien las cumple tiene derecho al subsidio o beneficio correspondiente, sin que dependa de la voluntad del funcionario público correspondiente. Claramente ese es el problema en el caso de Chiledeportes y eventualmente en otras reparticiones como el FOSIS o INDAP: cuando se habla de financiar proyectos que "fomenten" el deporte o que "favorezcan" la producción de ciertos bienes, alguien tiene que calificar cuáles de los proyectos son los que más "fomentan" o "favorecen"; y eso siempre es discutible; entramos en el terreno de la discrecionalidad y de las influencias personales, típicos de la corrupción. En cambio, en otras área las asignaciones son mucho más automáticas. Como en la educación, por ejemplo, en que se dice que la subvención se entrega por cada niño matriculado: aquí no hay nada que interpretar; la norma es clara.
Entonces, los funcionarios no tienen nada especial que decidir, sino simplemente entregar los recursos dispuestos por la ley. Evidentemente la posibilidad de influencias personales y de corrupción es mucho más baja.
Libertad y Desarrollo aplica anualmente una de las pocas mediciones ( encuestas) de corrupción existentes en Chile...¿ Cómo cree que variarán este año los resultados?
Me parece muy oportuna la pregunta, porque permite apuntar, una vez más, que la gracia de la encuesta de Libertad y Desarrollo es que no depende mayormente de los casos de opinión pública, sino que más bien recoge una realidad más profunda y concreta sobre la corrupción en Chile. Nuestro estudio se concentra en ejecutivos de empresas, que por su trabajo pueden tener información efectiva sobre casos, tipo de corrupción e instituciones afectadas. La diferencia con otras encuestas -que le preguntan su opinión a personas "de la calle"- es que en nuestro caso se trata de información conocida directamente por los encuestados, no a través de los medios de comunicación. En ese sentido, los resultados de nuestra próxima encuesta no debieran verse afectados por lo ocurrido.
¿ Cuál es su evaluación de las medidas anticorrupción anunciadas por la Presidenta Bachelet?
Creo que se trata de ideas muy generales. Si bien varias de ellas parecen bien encaminadas, lo cierto es que fue muy poco específica en señalar plazos y metas concretas para estas propuestas. Por ejemplo, cuando se habla mejorar las auditorías externas y los controles internos, la Presidenta no nos dice en qué van a consistir esas mejoras. Si no hay un compromiso concreto, la opinión pública no tiene cómo evaluar el cumplimiento de las propuestas. Por otra parte, se comprometió a mandar un proyecto de ley para mejorar la institucionalidad de Chiledeportes, pero no dice en qué sentido se espera mejorar esa institucionalidad. Es difícil opinar sobre propuestas que no son concretas. Evidentemente habría sido mucho mejor un lineamiento claro sobre lo que se esperará de la nueva institucionalidad. Las autoridades deben tener claro que no es lo mismo anunciar un proyecto que mandarlo al Congreso y que tampoco es lo mismo que un proyecto entre al Congreso a que sea aprobado. Así, creo que falta mucho camino para que las propuestas de la Presidenta cobren realidad. Mi temor es que nos quedemos solo en el anuncio.
Ud. ha señalado que Chiledeportes no debe depender de la SEGEGOB...¿Dónde debería estar y cómo debería funcionar?
Yo devolvería la pregunta y pediría una explicación: ¿por qué Childeportes quedó adscrito a un ministerio de carácter político? Podemos discutir sobre su mejor dependencia: puede ser en educación o salud, por ejemplo. Pero lo que es claro es que una entidad encargada de difundir el deporte mediante la distribución de recursos públicos, no puede depender de un ministerio 100% político. Se presta para todo tipo de abusos. Entiendo el rol comunicacional de la SEGEGOB, pero no comparto entregarle atribuciones que amenazan con convertirla en una entidad de activismo político más que de interlocución hacia la opinión pública.
Los medios y algunos políticos han responsabilizado a la ley de financiamiento de la política por los casos recientemente conocidos. ¿ Cuál es su percepción?
Nosotros desde un principio planteamos que este tipo de normas terminan convirtiéndose en un obstáculo más que en una ayuda a la competencia política abierta. Ahora empiezan a asomar algunas consecuencias.
Sin embargo, una ley de financiamiento de la político era un antiguo anhelo de sectores oficialistas. La norma se discutió durante varios años y se trataba de un tema que los políticos conocen especialmente bien (mucho mejor de lo que conocen las demás actividades que les toca regular), por lo que me extraña que ahora aleguen en contra de una ley dictada por ellos mismos hace muy poco tiempo.
En todo caso, mientras la norma esté vigente, lo que corresponde es cumplirla y no arrogarse el derecho a vulnerarla simplemente porque no acomoda a los intereses de los actores políticos.
Ojalá quienes han señalado que el problema está en la ley, tomen nota para futuro, y comprendan que muchas veces la realidad es más compleja que lo que las normas que se dictan.
Santiago, 5 de Diciembre de 2006
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