Mendoza, a un paso de crear la figura del defensor del pueblo
) El gobierno nacional creó la Defensoría del Pueblo en 1994. Su titular es Eduardo Mondino. ) ) |
Jorge Fernández Rojas - jfernandez@losandes.com.ar
La figura del defensor del pueblo es un símbolo de la democracia que en Mendoza está en vías de concretarse, según los preparativos que el Gobierno motoriza en la Legislatura.
Hace dos semanas la Cámara de Diputados ratificó el decreto 2.740 que firmó el entonces gobernador Julio Cobos que contiene el acuerdo entre el Estado argentino y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí se establecen las condiciones del pacto amistoso para resolver la conflictiva situación carcelaria de Mendoza y se fija la responsabilidad del gobierno local en el caso conocido por la CIDH como "internos de la Penitenciaría de Mendoza".
En el anexo del acta que apareció publicado el 28 de noviembre del año pasado se detallan las medidas que se adoptarán para concretar esta solución amistosa sobre el conflicto que mantuvo al gobierno de Cobos condicionado por el planteo que un grupo de abogados peticionantes hicieron ante los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Justamente dos de estos letrados hoy son funcionarios de Celso Jaque. Ellos son: Diego Lavado y Pablo Salinas, subsecretario de Justicia y coordinador de Derechos Humanos, respectivamente.
El texto legal que aprobó la Cámara baja sostiene dentro de esas condiciones que se deberá "someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza un proyecto de ley mediante el cual se cree la figura del Defensor del Pueblo de Mendoza, que tendrá a su cargo la defensa de los derechos humanos del conjunto de la población (salud, educación, seguridad, desarrollo, medio ambiente sano, libertad de información y comunicación, derechos de los consumidores y usuarios, etc.) y realizar las gestiones pertinentes para lograr su aprobación".
Lavado explicó que el proyecto de ley ha sido preparado en conjunto con la Cancillería y, una vez listo, pasará a la Secretaría General de la Gobernación para su revisión; de ahí será girado a la Legislatura local. Claro que todavía falta la ratificación del Senado, que mantiene el expediente en las comisiones.
El subsecretario de Justicia puntualizó que a diferencia del defensor del Pueblo de la Nación, que es nominado por el Congreso, en el caso de Mendoza adoptará la modalidad que aplica para la designación de los jueces de y otras figuras constitucionales. Es decir: el Ejecutivo deberá proponer su candidato y el Senado dará acuerdo o no a esa propuesta.
En Mendoza el antecedente inmediato es un proyecto de creación de la figura en la Comuna de Junín. Además de la Nación en el país hay dos distritos autónomos que ya crearon la figura del Defensor del Pueblo: Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
En el sitio oficial (www.defensor.gov.ar) se explica la función del Defensor del Pueblo como una institución de la Nación que actúa "con plena independencia y autonomía funcional; sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, para la defensa y protección de los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las leyes y el control del ejercicio de las funciones administrativas".
A nivel internacional, en 1953 Dinamarca con su nueva Constitución, abrió las puertas a esta figura. Entonces sobrevino un período en el que se vio nacer gran cantidad de representantes de este medio de control, a lo largo de todo el planeta y con distintos nombres: "Ombudsman" en Suecia; el "contralor del Estado" en Israel; el "proveedor de Justicia" en Portugal; "mediador" en Francia; "defensor cívico" en Italia, "comisionado parlamentario" en Gran Bretaña, y "defensor del Pueblo" en España y Argentina, entre otros.
Hace dos semanas la Cámara de Diputados ratificó el decreto 2.740 que firmó el entonces gobernador Julio Cobos que contiene el acuerdo entre el Estado argentino y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí se establecen las condiciones del pacto amistoso para resolver la conflictiva situación carcelaria de Mendoza y se fija la responsabilidad del gobierno local en el caso conocido por la CIDH como "internos de la Penitenciaría de Mendoza".
En el anexo del acta que apareció publicado el 28 de noviembre del año pasado se detallan las medidas que se adoptarán para concretar esta solución amistosa sobre el conflicto que mantuvo al gobierno de Cobos condicionado por el planteo que un grupo de abogados peticionantes hicieron ante los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Justamente dos de estos letrados hoy son funcionarios de Celso Jaque. Ellos son: Diego Lavado y Pablo Salinas, subsecretario de Justicia y coordinador de Derechos Humanos, respectivamente.
El texto legal que aprobó la Cámara baja sostiene dentro de esas condiciones que se deberá "someter a la consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza un proyecto de ley mediante el cual se cree la figura del Defensor del Pueblo de Mendoza, que tendrá a su cargo la defensa de los derechos humanos del conjunto de la población (salud, educación, seguridad, desarrollo, medio ambiente sano, libertad de información y comunicación, derechos de los consumidores y usuarios, etc.) y realizar las gestiones pertinentes para lograr su aprobación".
Lavado explicó que el proyecto de ley ha sido preparado en conjunto con la Cancillería y, una vez listo, pasará a la Secretaría General de la Gobernación para su revisión; de ahí será girado a la Legislatura local. Claro que todavía falta la ratificación del Senado, que mantiene el expediente en las comisiones.
El subsecretario de Justicia puntualizó que a diferencia del defensor del Pueblo de la Nación, que es nominado por el Congreso, en el caso de Mendoza adoptará la modalidad que aplica para la designación de los jueces de y otras figuras constitucionales. Es decir: el Ejecutivo deberá proponer su candidato y el Senado dará acuerdo o no a esa propuesta.
En Mendoza el antecedente inmediato es un proyecto de creación de la figura en la Comuna de Junín. Además de la Nación en el país hay dos distritos autónomos que ya crearon la figura del Defensor del Pueblo: Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
En el sitio oficial (www.defensor.gov.ar) se explica la función del Defensor del Pueblo como una institución de la Nación que actúa "con plena independencia y autonomía funcional; sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, para la defensa y protección de los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las leyes y el control del ejercicio de las funciones administrativas".
A nivel internacional, en 1953 Dinamarca con su nueva Constitución, abrió las puertas a esta figura. Entonces sobrevino un período en el que se vio nacer gran cantidad de representantes de este medio de control, a lo largo de todo el planeta y con distintos nombres: "Ombudsman" en Suecia; el "contralor del Estado" en Israel; el "proveedor de Justicia" en Portugal; "mediador" en Francia; "defensor cívico" en Italia, "comisionado parlamentario" en Gran Bretaña, y "defensor del Pueblo" en España y Argentina, entre otros.
Saludos
Rodrigo González Fernández
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
www.Consultajuridicachile.blogspot.com
www.lobbyingchile.blogspot.com
www.el-observatorio-politico.blogspot.com
Renato Sánchez 3586
teléfono: 5839786
e-mail rogofe47@mi.cl
Santiago-Chile
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