Piden al Defensor del Pueblo que recurra la LEC por inconstitucional
Más de veinte asociaciones cívicas han solicitado al Defensor del Pueblo que presente el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Esta situación deriva de la inconstitucionalidad del Estatuto, recuerdan, contra quien Enrique Múgica ya interpuso un recurso.
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El portavoz de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, ha afirmado en rueda de prensa que la LEC "vulnera gravemente el derecho de educación, la libertad lingüística, la libertad de enseñanza y la libertad de lengua". Para Caja, el hecho de que los escolares catalanes sean educados separadamente del resto de los españoles es "una situación de gravedad extrema porque atenta contra el principio de igualdad".
Ha asegurado que la inconstitucionalidad de la LEC se deriva de la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, contra el que el Defensor del Pueblo ya interpuso un recurso alegando que se apropiaba de competencias que la Constitución atribuye al Estado. "Cualquier ley que desarrolle un derecho fundamental como el de Educación debe revertir el rango de ley orgánica que está reservada exclusivamente a las Cortes Generales y, por tanto, no puede ser promulgada por los parlamentos autonómicos", ha explicado.
Exclusión "absoluta y radical del castellano"
Las asociaciones cívicas han reclamado también que la LEC excluye "de forma absoluta y radical el castellano como lengua vehicular de enseñanza", reduciéndolo "a una mera asignatura", cuyo horario será determinado por la Generalidad de Cataluña, ha asegurado Caja.
En Cataluña, el 93 por ciento de los alumnos alcanzan un nivel básico de expresión escrita en catalán, mientras que sólo el 54 por ciento lo obtienen en castellano al finalizar la Primaria, según los datos del informe que las asociaciones cívicas han presentado al Defensor del Pueblo. Para estas asociaciones, este hecho supone una discriminación de los castellanohablantes, que obtienen resultados sensiblemente inferiores respecto a sus compañeros que tienen como lengua materna el catalán.
La LEC establece también una formación "laica", lo que en opinión de Caja, "contradice la libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado".
El portavoz de Convivencia Cívica Catalana ha calificado de "inadmisible" que la Generalidad no sostendrá con fondos públicos los centros que no oferten una educación mixta y considera que esta condición "limita la libertad ideológica y el carácter pedagógico de los centros".
Por su parte, la portavoz del Foro de Ermua, Inma Castilla de Cortázar, ha dicho que "erradicar la lengua común es querer erradicar el bien común" y ha destacado "la actitud abierta del Defensor del Pueblo", del que esperan que secunde su propuesta.
Entre la veintena de asociaciones cívicas que han pedido la inconstitucionalidad de la LEC figuran Convivencia Cívica Catalana, Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de Padres de Alumnos (CONCAPA), Foro de Ermua, Plataforma por la libertad de elección lingüística (País Vasco), Mesa por la libertad lingüística (Galicia), Asociación por la tolerancia (Cataluña), Círculo Balear, Asociación gallega para la libertad del idioma, Fundación para la defensa de la nación española (DENAES), Hazte Oír, Foro Abril, Profesionales por la Ética (Cataluña), Fundación papeles de Ermua, Fundación Persona (Cataluña), Pares i Mares Lliures (Cataluña), Plataforma valenciana para la libre elección de lengua, Profesores por el bilingüismo (Cataluña), Acción Cultural Miguel de Cervantes (Cataluña), Ágora Socialista, Coordinadora de afectados en defensa del castellano, Asociación Ateneo XXI Barcelona y Lengua Común (Aragón).
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Rodrigo González Fernández
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