Un total de 27 proyectos que modifican la Ley sobre protección a la vida privada y otras legislaciones para garantizar dichos derechos se encuentran en trámite en el Congreso Nacional. De ellos, 7 corresponden a mociones de senadores y el resto a iniciativas legales de diputados y del Ejecutivo.
Todos estos proyectos se encuentran en primer trámite. Entre los más recientes está la propuesta de reforma constitucional del senador Jorge Pizarro para resguardar en la Carta Fundamental la protección a los datos personales la que se encuentra en la Comisión de Constitución.
En tanto, los senadores Jaime Naranjo y Carlos Ominami, son los autores de una moción que regula el envío de correos electrónicos y llamadas telefónicas con fines comerciales. La iniciativa se encuentra en primer trámite, en la Comisión de Economía.
Por su parte, el senador Carlos Bianchi impulsa dos proyectos relativos a la información comercial; el primero impide la publicación de información económica y bancaria personal de los adultos mayores de 60 años. El segundo, modifica la Ley sobre protección a la vida privada para que las instituciones financieras incluyan información sobre el rechazo de instrumentos de pago, tales como cheques.
A su vez, el senador Jovino Novoa presentó una propuesta que modifica la Ley sobre protección a la vida privada a fin de evitar el uso abusivo de los datos personales. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Constitución.
Y el senador Alejandro Navarro, el autor de una moción que regula las actividades de los investigadores privados.
También está en trámite, la moción del senador Pedro Muñoz que propone incorporar en los registros o bancos de datos personales, las deudas previsionales que se mantengan con los respectivos trabajadores. Adicionalmente anunció la presentación de un nuevo proyecto de Reforma a la Carta Fundamental con el fin de crear una Agencia de Protección de Datos Personales, con la función de fiscalizar a los organismos públicos y privados que mantengan este tipo de registros, sancionar administrativamente las infracciones a las normas vigentes y promover los derechos de los ciudadanos en esta materia.
El legislador explicó que "éste es un enorme vacío en nuestra legislación, que ha sido advertido por entidades multilaterales como la OCDE, en atención a los numerosos casos de francas vulneraciones, como el denunciado hace pocas semanas respecto del traspaso de datos médicos por parte de una Isapre a una cadena farmacéutica".
Manifestó que si bien existen proyectos en trámite en la Cámara de Diputados que buscan mejorar las actuales disposiciones respecto de los datos personales y financieros, en lo referido a las infracciones y sanciones, ellos contemplan como instancia reguladora del sistema al recientemente creado Consejo para la Transparencia, al que se le incorporarían nuevas facultades.
Además, recordó que en la Cámara de Diputados se encuentra el proyecto del gobierno que establece multas de hasta $368 millones para los infractores del derecho de las personas a controlar el uso de sus datos personales. De este modo se pretende evitar que se repitan casos como el reciente traspaso de información confidencial sin el consentimiento de los pacientes, desde las Isapres a cadenas de farmacias
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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