Opinión
Ley del consumidor: ¿dónde quedó el gobierno ciudadano?
Por Ernesto Benado*
El reducto pro empresarial dentro del gobierno Bachelet, logró marginar al SERNAC y a las Asociaciones de Consumidores del proyecto de ley que mejora la Defensa de los Consumidores en la ley 19.496.
Usando como pretexto "acelerar los procesos colectivos" y agregar $3.700 pesos a cada cobro abusivo comprobado en una demanda, omitieron los aspectos fundamentales requeridos por los consumidores. Dejaron afuera la calidad de la vivienda, que está expresamente excluida de la actual ley.
Ignoraron la petición de que los funcionarios del SERNAC sirvan de Ministros de Fe para probar con su presencia las violaciones a la ley, hecho fundamental para facilitar las denuncias de los consumidores y su prueba ante el tribunal.
No extendieron a todos los contratos de adhesión el derecho a retracto, que podría ejercerse durante 10 días. Hoy sólo existe en casos muy especiales.
No aceptan cambios en el Fondo Concursable que provee de recursos a las Asociaciones de Consumidores.
Hay actualmente 60 asociaciones constituidas legalmente en Chile y no pueden pagar arriendos, ni teléfonos, ni acceso a Internet y mucho menos atender con una persona a los consumidores afectados por las violaciones a la ley. Muchas de ellas no tienen local de atención y funcionan precariamente en una plaza pública. Sernac sólo mantiene oficinas en las 13 capitales regionales.
El sistema actual de proyectos obliga a las asociaciones a realizar actividades adicionales para obtener recursos, pero no proporciona fondos para mantener viva a la asociación.
El movimiento de defensa de los consumidores está atomizado en muchas organizaciones pequeñas y sólo tres o cuatro asociaciones han sobrevivido con actividad durante los 12 meses del año.
El sistema está hecho a la pinta de las Asociaciones Gremiales de Proveedores, que no desean enfrentarse con organizaciones grandes de consumidores con presencia a nivel nacional.
Pero la omisión tal vez más grave es la referente a la sanción de la colusión para controlar y subir los precios.
La ley 19.496 no hace mención al tema, y como para entablar una demanda colectiva debe existir una violación a la ley del Consumidor, la colusión de las cadenas farmacéuticas sancionada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no pudo originar una demanda colectiva . El proyecto del Gobierno ni menciona el tema.
Además, aunque lo hiciera, el hecho que la ley actual exige que la indemnización a cada consumidor afectado sea claramente identificable, deja fuera de acción a las llamadas demandas difusas en las que se puede establecer el daño al grupo de consumidores o usuarios, pero no se puede demostrar el daño a cada uno individualmente ¿qué consumidor de medicamentos guardó los comprobantes de compra durante el año y medio transcurrido hasta que se reveló la colusión?
En el proyecto patrocinado por Conadecus y que contó con el aporte de abogados expertos en los derechos del consumidor se soluciona esta omisión entregando al juez la posibilidad de determinar el daño global y dividir en grupos a los consumidores afectados para resarcirlos.
La marginación del SERNAC es aún más sugestiva. Teniendo una dependencia directa del Subsecretario de Economía y del Ministro de Economía, ignorarlo sólo puede explicarse por la alta exposición pública que tiene este servicio en los medios y en la escasa relevancia que asignan a los temas del disminuido Ministerio de Economía.
El debate que se aproxima en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados volverá a enfrentar al lobby pro empresarial con los intereses de los millones de consumidores chilenos.
*Ernesto Benado es director de Conadecus, Asociación de Consumidores.
Fuente:EL MOSTRADOR
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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