DERECHOS HUMANOS, NECESIDADES EMERGENTES Y NUEVOS COMPROMISOS

 

Expertos de todo el mundo han participado en esta relectura de la Declaración de 1948 que, tras ser presentada en este diálogo, iniciará su periplo por diferentes cumbres internacionales para ser debatida y expuesta a las enmiendas de los políticos y la sociedad civil en general hasta su aprobación por la ONU.

 

La presentación pública de La Carta de Derechos Humanos Emergentes, una actualización de la proclamación universal de 1948 cuyo objetivo es hacer frente a las nuevas problemáticas del siglo XXI, y la constitución de una Internacional de los Derechos Humanos que vertebrará a instituciones académicas y ONG de todo el mundo, fueron los primeros frutos tangibles de este diálogo del Fòrum de Barcelona 2004.

 

El documento, uno de cuyos ejes centrales es el derecho a una renta básica universal, estará abierto a partir de ahora a las enmiendas de la sociedad civil hasta su discusión en el Foro Mundial de Porto Alegre de 2005. A partir de ahí, iniciará su singladura por diferentes cumbres internacionales hasta su aprobación final por la ONU, según explicó Joan Saura, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y director de este diálogo, durante la sesión de clausura. Los cuatro días de sesiones reunieron a más de un centenar de ponentes y un millar de asistentes entre representantes de ONG, juristas y expertos de todo el mundo.

 

El medio centenar de artículos que componen la Carta no pretenden en modo alguno sustituir a la anterior declaración, sino realizar “una relectura conforme a los valores del nuevo siglo y los abusos de la globalización neoliberal” posible, gracias “a las demandas de los movimientos sociales emergentes que exigirán también su cumplimiento”, según recalcó Sonia Picado, presidenta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. “Los Derechos Humanos han de ser la ética de la globalización”, sentenció.

 

La titular de la cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma de México, Gloria Ramírez, fue la encargada de anunciar la creación de la Internacional de los Derechos Humanos. Se trata de una red multidisciplinar para crear una sinergia entre instituciones académicas y ONG de todo el mundo que trabajan en defensa de los derechos humanos en un “binomio teórico-práctico”, que aprovechará las nuevas tecnologías e Internet para coordinarse, recoger denuncias y actuar con mayor celeridad y precisión.

 

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, resumió en su discurso de clausura una de las principales conclusiones del diálogo, al reclamar una reforma de la ONU para establecer una jurisdicción obligatoria del Tribunal Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia que vele de manera efectiva por el cumplimiento de los tratados sobre derechos humanos por encima de la soberanía de los estados, un recurso jurídico en el que se suelen amparar genocidas y dictadores para salir impunes.

 

El diálogo sirvió también como marco del congreso europeo de la Red de Renta Básica, uno de los puntos fundamentales de los nuevos derechos emergentes, al término del cual su copresidente, Guy Standing, anunció la constitución de la Red Mundial de Renta Básica. “Si el siglo XX fue el siglo de la conquista de los derechos sociales, podemos afirmar que el XXI será el siglo de los derechos económicos”, apuntó. Según explicó este economista británico, todos los estudios realizados constatan que “todos los estados pueden garantizar a sus ciudadanos que lo necesiten una renta básica en función del nivel de vida del país”. Decir que “esto promovería la indolencia es un insulto contra la humanidad”, añadió. “Al contrario, permitiría a los individuos desarrollar todas sus verdaderas capacidades y potenciaría el consumo”. La renta básica daría “auténtico significado a la palabra libertad al dotar de poder negociador a los más débiles”, sentenció.

 

En definitiva, a grandes rasgos, las conclusiones del diálogo se pueden resumir en dos puntos: la aspiración a una “democracia global” respaldada por una jurisdicción internacional obligatoria supranacional, tanto retributiva como reparativa para con las víctimas, incluso en casos de post-conflicto bélico, y un “derecho al desarrollo” constituido sobre la responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto. Para ello hay que “asentar el principio de subsidiariedad para crear un nuevo orden económico internacional frente al fracaso evidente de las teorías neoliberales”, resumió Victoria Abellán, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona y miembro del comité redactor de la Carta.

 

El derecho al desarrollo implica el derecho de las personas y de los pueblos a reclamar la erradicación del hambre y la pobreza por un organismo jurídico internacional que, al igual que se pretende con el Tribunal Penal Internacional (TPI), vele porque todos los agentes implicados, gobiernos y multinacionales, colaboren entre ellos hasta lograr este objetivo. Es el “derecho a tener un futuro”, que empezaría, por ejemplo, con la condonación de la deuda externa, según apuntó esta experta.

 

Según las cifras de la ONU barajadas durante el diálogo, más de 840 millones de personas, la mayoría localizadas en África y Asia, siguen bajo la amenaza directa del hambre y este número se incrementa cada año en 5 millones, por lo que cada vez parecen más quiméricos los Objetivos del Milenio fijados hace 4 años, entre los que se contemplaba acabar con este problema antes del 2015.

 

El hecho de que el diálogo coincidiera con la celebración de la llamada “Cumbre contra el hambre” en Nueva York, protagonizada por los presidentes de España, Francia, Chile y Brasil, centró el discurso de un buen número de ponentes que recordaron que, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los niveles de ayuda oficial al desarrollo se han reducido drásticamente tras el 11-S, en parte debido a la llamada fatiga de la ayuda, pero también, como ha pasado principalmente con EEUU, a que los países ricos han desviado su atención y recursos a la lucha contra el terrorismo.

 

Hubo consenso entre los ponentes en este sentido, al señalar que la mejor manera de combatir el terrorismo es buscando sus causas y que “la ayuda al desarrollo es la mejor manera de evitar la proliferación de los terroristas del mañana”.

 

En esta línea, tres destacados representantes de los Derechos Humanos, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, Sylvia Steiner, juez de la Corte Penal Internacional, y Jean-Luc Blondel, asesor del presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, alertaron de la “pérdida de rumbo moral” de los estados, que en su obsesión por la seguridad están recortando cada vez más derechos, frente a lo cual hicieron un llamamiento a la sociedad civil para que sea “vigilante” con sus gobiernos.

 

Ya en la sesión inaugural, la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Gita Welch, lamentó que “para casi un tercio de la humanidad, los derechos humanos siguen siendo una promesa vaga, un sueño”, aunque, como la mayoría de los ponentes, reconoció que la Declaración de 1948 es universal más que nada “por la violación sistemática que se hace de ella”, al menos ha servido para que “la gente haya cobrado conciencia de su vulneración y de los abusos que se cometen”. Y el trabajo de los miembros de la sociedad civil y las ONG ha logrado avanzar mucho en ese terreno gracias a sus acciones de denuncia para movilizar a la opinión pública, concluyó.

 

Fue Juan Manuel Bandrés, presidente de honor del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, quien, tras la lectura de la carta de adhesión enviada por el presidente de Brasil, Lula da Silva, El derecho a la Utopía, durante la sesión de clausura, resumió mejor el espíritu crítico y realista pero con un atisbo de esperanza del diálogo, al reclamar eso, “el derecho a exigir un mundo mejor”, ya que “el enemigo principal es el escepticismo, la desconfianza, la resignación o la indiferencia”. Con acciones concretas como la Carta de los Derechos Humanos Emergentes “se busca marcar los horizontes, los objetivos a conseguir por la sociedad civil”, en la convicción de que, si la globalización es la internacionalización del comercio y el terrorismo, también se pueden internacionalizar los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y la justicia social.

 

Por su parte, el sociólogo y urbanista Jordi Borja reivindicó como otro de los puntos esenciales presentados en la Carta la necesidad de reconocer a todos los residentes de una misma ciudad o región como ciudadanos de pleno derecho, independientemente de si tienen la nacionalidad de ese país o son inmigrantes sin papeles. “Se ha de pasar de la ciudadanía por nacionalidad a la ciudadanía por residencia, para evitar que existan ciudadanos de segunda. Todos hemos de tener los mismos derechos, con o sin papeles”, subrayó. Para este experto, las ciudades deberán firmar un “pacto social” transnacional para constituirse en una “alianza estratégica” que amortigüe el impacto de la globalización neoliberal y evite el apartheid social urbano con ciudades que se debaten entre los suburbios de favelas y los barrios amurallados de los más ricos.

 

La Carta de los Derechos Humanos Emergentes contempla, entre otros, el derecho a la formación, a una muerte digna, a la ilegalidad frente a la injusticia, a la integración de los derechos de las mujeres “de forma transversal”, a la libertad de circulación entre países, a una “verdadera” libertad religiosa o a no tener religión, y a derechos colectivos como el medio ambiente, la defensa de la lengua propia y las reclamaciones de los pueblos indígenas.